La oposición coincide en la necesidad de juicios rápidos
El aumento de la delincuencia en España se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate en el Congreso y el Senado y en el seno de los partidos políticos. Los principales partidos políticos de la oposición ya han hecho un diagnóstico propio de la situación y de sus causas y han propuesto un catálogo de soluciones diversas. Eso sí: todos coinciden con el Gobierno en la necesidad de aumentar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el establecimiento de los juicios rápidos para faltas y pequeños delitos. Éstas son las propuestas de los representantes de los tres partidos citados en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso.
- PSOE. El PSOE pretende hacer de la seguridad ciudadana uno de los ejes de su política. Su portavoz en la comisión, Victorino Mayoral, ha elaborado un catálogo de medidas para combatir la delincuencia que incluye estas propuestas: cubrir antes de tres años el déficit de 12.000 policías y guardias civiles; aumentar las retribuciones de los agentes de ambos cuerpos; creación de comisarías en urbanizaciones y núcleos urbanos de 30.000 habitantes; elaboración de un plan estratégico nacional de seguridad ciudadana, del que dependan planes autonómicos y locales; convertir las juntas de seguridad en órganos de planificación; reorganización de las policías de proximidad y de barrio, con mayor participación y coordinación de las policías locales; integración en los cuerpos de seguridad de inmigrantes nacionalizados, especialmente en el área de extranjería; creación de una agencia estatal de evaluación de la delincuencia, para acabar con las divergencia de cifras de Interior y de la Fiscalía del Estado; redefinición del despliegue de policía y guardia civil.
- CiU. Jordi Jané, portavoz en la comisión de CiU, asegura que su formación ha presentado una proposición de ley en el ámbito del Pacto por la Justicia, que incluye medidas como los juicios rápidos con sentencias inmediatas para el pequeño delito; reformar la legislación para que la suma de un número de faltas por un mismo delincuente equivalga a un delito y, por tanto, pueda suponer pena de prisión; mayor dotación de los cuerpos de seguridad; elaborar una 'radiografía del territorio' para saber dónde hay más delincuencia y destinar más policías; extremar la vigilancia fronteriza para evitar la entrada de irregulares y, con ellos, de personas que ya eran delincuentes en sus países.
- Izquierda Unida. El diputado Felipe Alcaraz está convencido de que la base del problema es la ausencia de gasto social y pedagógico en prevención de la delincuencia. A su juicio, el Gobierno ha dejado de invertir en seguridad pública, lo que está disparando la demanda de seguridad privada. Por ello demanda la elaboración de un profundo estudio de la situación y las necesidades de seguridad; políticas sociales y preventivas a largo plazo; creación de una policía de barrio coordinada.
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