Ecologistas en Acción recurre ante el Constitucional el 'caso Aznalcóllar'

Ecologistas en Acción ha decidido recurrir a la última opción que le quedaba para reactivar la investigación judicial sobre la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, que provocó un vertido tóxico en el entorno de Doñana en abril de 1998. La juez instructora, en diciembre de 2000, y la Audiencia de Sevilla, en noviembre de 2001, concluyeron que el desastre ecológico no se debió a ninguna 'imprudencia grave', pero los ecologistas han pedido el amparo del Tribunal Constitucional para que reabra la vía penal, al entender que en la instrucción no se realizaó una investigación 'completa'.

El coordinador regional de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, y la abogada de la federación verde, Carmen Julia Garica, explicaron ayer en conferencia de prensa el recurso de amparo ante el Constitucional, que la federación presentó un mes despúes del auto de la Audiencia de Sevilla que confirmaba el archivo del caso Aznalcóllar, que había decretado la juez instructora tras dos años y medio de investigaciones. En su escrito, los ecologistas aseguran que estas dos decisiones han obviado, 'sin ninguna explicación', sus peticiones para que se practicaran nuevas pruebas y ha impedido que el caso llegara a un juicio oral, por lo que, consideran, se ha vulnerado su 'derecho a la tutela judicial efectiva', una de los motivos que se pueden esgrimir para formular este tipo de recursos.

Imprudencia

'En la instrucción quedó acreditado que en la rotura hubo imprudencia, pero la juez decidió que no era grave ni dolosa y creemos que ésa es una conclusión subjetiva', adujo la abogada de Ecologistas en Acción. La instructora basó su archivo fundamentalmente en el informe pericial de dos catedráticos de la Universidad Politécnica de Barcelona que concluyeron que el proyecto y ampliación de la balsa minera que llevaron a cabo dos filiales de Dragados y Construcciones habían calculado mal el efecto del peso de los residuos (arsénico, cinc, cobre) sobre el sustrato arcilloso sobre el que se aposentaba la balsa.

Los peritos, sin embargo, sostuvieron también que esos errores podían producirse siguiendo la práctica científica convecional, de lo que la instructora dedujo que no se incurrió en 'imprudencia grave', por lo que archivó la causa, en la que llegaron a estar imputados 11 técnicos de las filiales de Dragados, siete de Boliden, dos funcionarios de la Junta y un técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El archivo de la causa fue recurrido por Junta, Gobierno, ecologistas y algunos de los agricultores afectados por el vertido tóxico. Sin embargo, tras la confirmación del archivo por parte de la Audiencia de Sevilla, tan sólo Ecologistas en Acción ha apurado la última opción para reactivar la investigación penal. Las Administraciones, que tenían tres funcionarios imputados, han anunciado que recurrirán a la vía civil para pedir indemnizaciones y compensar así los gastos públicos tras el vertido, unos 240 millones de euros.