La futura ley para financiar las obras públicas no prevé incentivos fiscales

La normativa que regirá la concesión de obras públicas, instrumento clave para captar en el sector privado un 20% de los 114.200 millones de euros en inversiones en infraestructuras previstas por el Gobierno hasta 2007, no contemplará incentivos fiscales, una de las principales demandas del sector de la construcción. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, indicó ayer que las medidas fiscales son potestad de Hacienda, y no de su departamento. El Ejecutivo espera aprobar finalmente el proyecto de la futura ley en febrero.

El Plan de Infraestructuras 2000-2007 necesita 21.000 millones de euros de capital privado para construir carreteras sin poner en peligro el déficit cero. El objetivo es implicar más a las empresas a través de otros mecanismos, señaló Cascos, que clausuró una jornada organizada por la APD, la patronal de las grandes constructoras (Seopan) y la consultora Andersen. Uno de esos intrumentos permitirá explotar áreas de servicio o centros comerciales anexos a la infraestructura para financiar, por ejemplo, una autopista.

En 2001, Fomento alcanzó un 96% en la ejecución presupuestaria y ultima contratos para mejorar las autovías de primera generación con un coste para el Estado de 1.800 millones de euros.