Condenadas tres personas por falsificar ofertas de trabajo para extranjeros

La Audiencia de Barcelona ha condenado con penas de hasta dos años de prisión a un grupo de personas dedicado a falsificar contratos de trabajo para conseguir la entrada en España de inmigrantes marroquíes y a los que cobraron 1,5 millones de pesetas, (9.015 euros) aprovechándose del deseo de los magrebíes por trabajar y vivir en Europa.

En la Sección Tercera de la Audiencia se celebró ayer una breve vista contra tres de los cuatro acusados, todos de nacionalidad española, que se han conformado con las penas inferiores a dos años, que no implican su encarcelamiento, rebajadas por el fiscal, que inicialmente pedía penas de hasta cuatro años y medio de prisión.

Poco después de llegar al acuerdo, un cuarto acusado que no había comparecido al juicio llamó por teléfono asegurando que se había olvidado de su citación judicial y reclamando también para él la rebaja de la condena. Deberá comparecer próximamente ante el juez y esperar a ver si el fiscal también le rebaja la petición para él.

Según la acusación, los implicados empleaban como tapadera una empresa de construcción llamada Construcciones Conchita, a través de la cual intentaron introducir en España de forma ilegal a una quincena de marroquíes.

El fiscal afirma que, en los falsos contratos de trabajo, los acusados hicieron constar la identidad de supuestos empresarios que contrataban, e incluso simularon los sellos de la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y de una sucursal de Banesto.

No obstante, ninguna de las empresas que los estafadores hicieron constar para la falsa contratación de inmigrantes estaba inscrita en el Registro Mercantil y los domicilios sociales que se facilitaron para su localización eran inexistentes.

Asimismo, según el fiscal, los acusados se apoderaron de 1,5 millones de pesetas que les entregó un ciudadano marroquí para hacer las gestiones oportunas para formalizar los permisos necesarios para facilitar la entrada en España de forma legal de tres parientes suyos para trabajar.

Sin embargo, según el fiscal, los acusados se quedaron con el dinero, no hicieron ninguna gestión y cuando los tres marroquíes intentaron entrar en España se les denegó la autorización puesto que no existía ningún documento acreditativo.