El Ayuntamiento de Castellón recluta jubilados para controlar pasos de peatones a la entrada de los colegios

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, del PP, inició hace aproximadamente un mes una campaña en los centros de la tercera edad de la capital de La Plana. En ellos se informaba, y se hacía publicidad, de una solicitud que realizaba el Ayuntamiento a las personas de la tercera edad 'para colaborar en las tareas de apoyo en los pasos de peatones en las entradas y salidas de los niños al colegio'. El mismo cartel anunciador decía que 'recibirán unas 20.000 pesetas al mes'.

El PP trató de justificar ayer esta medida asegurando que únicamente se trataba de un sondeo para conocer el capital humano con el que contaba el Ayuntamiento. Sin embargo, la edil de Tercera Edad, Marisa Ribes, dispone de una lista de jubilados que solicitaron su participación en este proyecto y que, en algunos casos, de unas oficinas a otras, fueron conducidos al despacho de la propia concejal para apuntarse.

La campaña fue denunciada ayer por la edil socialista Eva Fernández, quien mantuvo que la solicitud formulada por el Ayuntamiento carece de regularidad. Fernández expuso que, en la comisión informativa en la que preguntó por la medida, los concejales populares trataron la remuneración anunciada como una 'gratificación no reglada'.

El caso es que el control de tráfico a la entrada y salidas del colegio se realizaba por los objetores de conciencia. Cuando desapareció la prestación social sustitutoria, el grupo municipal socialista demandó un estudio del impacto que iba a tener la desaparición de esos 'voluntarios'. El PP castellonense contestó que el impacto iba a ser nulo y que, en cualquier caso, se iba a disponer un novedoso proyecto de voluntariado con el reclutamiento de personas en asociaciones vecinales y de la tercera edad. A este respecto, el grupo municipal socialista mantiene que esta medida no puede referirse al anunciado plan porque, de acuerdo con la ley, está prohibido remunerar a los voluntarios. Además, Fernández criticó que 'una cosa es potenciar el voluntariado y otra, muy distinta, pretender que se realicen funciones y servicios propios de la policía local y de protección civil'.