Los médicos condenados por aborto califican la sentencia de 'política'

Los médicos Josep Lluís Carbonell y Javier Vives, condenados por la Audiencia de Castellón por practicar un aborto en 1992 que, según la sentencia, no se ajustaba a los supuestos que establece la ley, calificaron ayer el fallo de 'político e ideológico nacido de un sector fundamentalista e integrista de la judicatura de esa provincia'. Ambos especialistas definieron la situación en la que se les coloca de 'atropello y falta de respeto, máxime cuando ni siquiera se nos ha notificado', dijo Carbonell. 'Nos congratulamos', agregó, 'de que la mujer haya sido absuelta. Sin embargo, nos parece que esta condena, que ha dejado estupefactos a los colegas europeos, es también una falta de respeto a la mujer, que no puede decidir libremente sobre su derecho a la maternidad ya que se nos castiga a nosotros, a los que ejecutamos un deseo expreso de la mujer'.

Carbonell y Vives, junto a la letrada que les representa en el contencioso, Luisa María Ramón, y el doctor Francisco Valero -quien fuera procesado con resultado de absolución por un caso similar en Murcia-, anunciaron su intención de presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo.

Carbonell dijo también que el próximo día 3 de diciembre, en la reunión de la junta directiva de ACAI (Asociación de Centros Acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo) que se celebrará en Madrid, estudiarán medidas de presión como respuesta a la condena en dos sentidos: huelga general indefinida de los especialistas que practican abortos, ya que el Partido Popular se niega incluso a discutir sobre la conveniencia de modificar la ley porque entiende que no hay necesidad social, y trabajar sin dictámenes, a modo de desobediencia.

'Esta sentencia condenatoria es intimidatoria hacia los médicos y hacia las mujeres, que no gozan siquiera de la capacidad para decidir por sí mismas sobre su maternidad sino que es preceptivo que alguien valore, por ejemplo, cual es el daño psicológico que puede provocarles', dijo Carbonell. Según él, llevando al extremo el sentido de la sentencia de la Audiencia de Castellón, el 98% de los abortos practicados en este año serían ilegales. 'Tal vez así entenderá el PP que sí hay una necesidad social de modificar la ley'.

Según los datos de los que dispone ACAI, en los tribunales valencianos existen más de 100 diligencias abiertas por casos de aborto. 'Ahora está de moda que parejas despechadas adviertan a la policía de que la mujer va a abortar y antes incluso de la intervención se presenten los agentes en la clínica'.