Trabajo investiga a otros 16 operarios del calzado de Elda por supuesta estafa en el cobro de indemnizaciones
La Inspección de Trabajo investiga a un grupo de 16 operarios del sector del calzado de Elda (Vinalopó Mitjà) por una supuesta estafa al pretender cobrar indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Trabajo, sin haber acreditado su relación laboral con dos empresas en las que supuestamente habían estado empleados y sin haber sido nunca dados de alta en la Seguridad Social, según una nota oficial de la Subdelegación del Gobierno de Alicante.
Los trabajadores afectados, así como el empresario titular de ambas firmas, han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Elda, que instruye las diligencias de este presunto fraude.
Las investigaciones se han ampliad,o ya que las primeras indagaciones apuntan a la posibilidad de que otro empresario, propietario de dos mercantiles de la zona, esté implicado en el asunto. En este caso, las gestiones están dirigidas a comprobar las declaraciones de los trabajadores como demandantes de indemnizaciones. Este grupo de trabajadores se une al centenar de operarios que también está siendo investigado por el mismo motivo. La llamada unidad administrativa periférica del Fogasa ordenó el pasado mes de julio abrir una investigación al apreciar que estas personas incurrieron en un posible delito de falsificación de documentos y tentativa de estafa. Todos los trabajadores objeto de la investigación están representados por el asesor laboral de Elda Francisco Alfaro, que siempre ha rechazado cualquier 'irregularidad' en la tramitación de los expedientes y mantiene que los operarios que han reclamado indemnizaciones al Fogasa cuenta con sentencias judiciales a su favor.
No obstante, Manuel Brotons, jefe de la unidad periférica del Fogasa en Alicante, asegura que este organismo ordenó la apertura de la investigación al recibir un importante número de expedientes con presuntas irregularidades, tramitados desde el despacho de Alfaro, y después de que varios juzgados de lo Social dictaran sentencias contrarias a los empleados al no poder acreditar su relación laboral.
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