Las aerolíneas bloquean la salida de inmigrantes irregulares de Canarias tras el 11 de septiembre

Las medidas de seguridad desplegadas en los aeropuertos tras los atentados del 11-S han taponado la salida de inmigrantes irregulares desde Canarias hacia la Península. Esta situación, que ha sido denunciada por el Ejecutivo autónomo y confirmada por Cruz Roja, está creando una bolsa de extranjeros indocumentados que ha desbordado los centros de acogida. En Las Palmas, los subsaharianos que duermen al raso en el céntrico parque de Santa Catalina rondan ya los 300. Ellos mismos han pedido a miembros de ONG que les acompañen por miedo a posibles reacciones xenófobas.

Cuando la policía intercepta a un inmigrante irregular procedente de un país con el que España no ha firmado un acuerdo de repatriación, tiene dos opciones: enviarlo a un centro de internamiento o entregarle una orden de expulsión y ponerlo en libertad. En el primero de los supuestos, la ley estipula que el inmigrante no debe permanecer internado más de 40 días. Si, transcurrido ese período, la autoridades no han logrado devolverlo a su país, deben soltarlo. También le entregan una orden de expulsión. En uno y otro caso, este documento, de imposible cumplimiento, sirve a los sin papeles para desplazarse por España e identificarse ante las fuerzas del orden.

Tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las compañías aéreas introdujeron nuevas medidas de seguridad. Entre ellas figura la posibilidad de exigir a los pasajeros un documento de identidad en vigor.Suelen hacer esta solicitud en los mostradores de facturación del aeropuerto, cuando el viajero presenta su billete para obtener la tarjeta de embarque.

Esta medida ha tenido en Canarias un efecto colateral importante. Hasta ahora, los inmigrantes indocumentados tomaban un avión para desplazarse a la Península. Era una espita por la que se descongestionaba la presión migratoria que soportan las islas.

Pero desde el 11-S el personal de tierra de las compañías aéreas rechaza las órdenes de expulsión como documentos de identidad y niega a los inmigrantes la tarjeta de embarque. Imposibilitados de desplazarse a otros lugares, han saturado los centros que ONG como Cruz Roja o la red Acoge tienen en las islas. Sólo en el parque de Santa Catalina, en el centro de Las Palmas, duermen al raso cerca de 300 personas. Y su número aumenta día tras día.

La situación fue denunciada ayer en el Senado por el consejero de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, Marcial Morales. En declaraciones a EL PAÍS, indicó que se está creando una bolsa de irregulares que daña los programas de integración que desarrolla el Ejecutivo autónomo. 'Los inmigrantes tienen miedo y han pedido a los mediadores interculturales que les atienden que se queden con ellos por la noche'.

Cruz Roja reparte más de 300 cenas diarias en el parque de Santa Catalina. Carmen Marrero, presidenta autonómica de la ONG, confirma la versión del consejero. 'Muchos irregulares nos han contado que no les han puesto ningún problema para comprar su billete, pero que a la hora de embarcar los han rechazado. Se han quedado en la calle'.

Los ministerios de Interior y de Fomento, la delegación del Gobierno en Canarias, el organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el aeropuerto de Las Palmas han negado cualquier responsabilidad sobre la situación. Según ellos, la exigencia de documentación es una medida de las compañías aéreas.