Arias Cañete prepara cambios en Agricultura
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, deberá proceder a corto plazo a un reajuste en su disminuido equipo ante la existencia de parcelas en ese departamento que no funcionan como espera el sector y otras donde sus responsables quieren abandonar el barco. Al margen de la actitud abierta y la postura voluntarista del ministro, el sector reclama más eficacia ante la Comisión de la Unión Europea y equipos de interlocutores fuertes para el desarrollo de la política agraria en Epaña.
Entre los cambios que se barajan desde hace algunas semanas se halla el del director general de Industrias Agrarias, Francisco Simón, parcela del departamento que tambien tiene vacantes en varias subdirecciones.
El nombramiento en su día de Francisco Simón fue una decisión de Arias Cañete y del Partido Popular. Francisco Simón no ha gozado en líneas generales del apoyo del sector. En este relevo jugaría ahora un papel importante la posición del subsecretario Manuel Lamela, bajo cuya órbita de competencias se hallan las actuaciones en materia de alimentación.
A Manuel Lamela se le considera en medios agrarios como el 'ministro en la sombra' para cuestiones nacionales y el artífice de la ingeniería financiera de los muchos ajustes que ha tenido que hacer el Ministerio de Agricultura para hacer frente en el ultimo año a los problemas de recursos provocados por crisis como la de las vacas locas, la fiebre aftosa o la peste porcina.
Arias Cañete deberá dar también una respuesta a la decisión de dimitir del director general de Desarrollo Rural, Gerardo García, que ha desarrollado en los últimos tiempos todos los trabajos referidos al Plan Nacional de Regadíos y Desarrollo Rural, auténtico eje de la política futura del departamento. Gerardo García ha presentado su dimisión, según algunos colaboradores, ante el clima de desconcierto que hay en la casa, fundamentalmente con las comunidades autónomas, a la hora de realizar los programas previstos.
Hace varios meses, el ministro Arias Cañete aceptó la dimisión de Quintiliano Pérez Bonilla como director general de Ganadería.
La de Pérez Bonilla fue la cabeza que rodó por la crisis de la enfermedad de las vacas locas. Hoy, el ex director general Pérez Bonilla es el responsable de la empresa pública Tragsatec.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
El PP llama a Zapatero a la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado
De Asha a MAYO: Estas son las 18 canciones del Benidorm Fest 2026 que no irán a Eurovisión, pero que optarán a tres premios
El Papa critica las políticas de rearme y el uso abusivo de la legítima defensa
Quién es Peter DeSantis, el nuevo jefe de IA, microchips y computación de Amazon
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
- Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano




























































