Acuerdo con ausencias

Populares y socialistas cerraron ayer el acuerdo sobre la renovación de los cargos institucionales (20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuatro magistrados del Constitucional y 12 consejeros del Tribunal de Cuentas) en términos muy semejantes a los manejados en julio pasado. Después del toma y daca mantenido por ambos partidos y sus sucesivas rupturas por el excesivo perfil político o el extremismo ideológico atribuido a algún candidato, el acuerdo prescinde de cada parte que consideró de principio. El PP ha transigido con la designación del ex ministro y parlamentario socialista Luis Martínez Noval para el Tribunal de Cuentas, tras haber sido el principal escollo de las negociaciones. Y el PSOE ha retirado su rechazo a que el juez del Supremo Roberto García Calvo se sentara en el Tribunal Constitucional por su pasado vinculado al franquismo.

El consenso implica renuncias, pero no deja de resultar frívolo y nada pedagógico políticamente que se incumplan los plazos y se tensen las negociaciones por cuestiones aparentemente de principio que luego se resuelven en un simple intercambio de cromos. Más grave es que al acuerdo haya dejado por primera vez al PNV fuera del Poder Judicial y marginado a CiU del Constitucional. Se trata de un serio error político que desconoce los delicados equilibrios del Estado de las autonomías y que servirá para alimentar el victimismo nacionalista. El acuerdo político debería suplir la ausencia de un Senado que garantice la presencia de formaciones minoritarias en el Parlamento, pero mayoritarias en su ámbito inmediato de representación.

La responsabilidad última de esa ausencia hay que achacársela al PP y al PSOE, que se bastan y sobran con el 88% de diputados para formar la mayoría parlamentaria exigida para esta elección. Alguna responsabilidad puede caberle al PNV por su empecinamiento en mantener la candidatura de la diputada Margarita Uría como única opción para el CGPJ, pero de nada le ha valido a CiU proponer hasta cuatro nombres para el Constitucional. Los dos partidos mayoritarios han resuelto un problema que no debía prolongarse, pero han dado una imagen de chalaneo y han agraviado al tiempo a nacionalistas catalanes y vascos.