Fernández dice que Gil dio terrenos para pagar el transporte de deportistas

El concejal del Partido Andalucista, Carlos Fernández, declaró ayer que el Ayuntamiento de Marbella pagó con terrenos municipales a las cuatro empresas encargadas del transporte de los equipos deportivos locales. Fernández compareció por la mañana ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, María José Rivas, por la ampliación de la querella interpuesta contra él por el alcalde de Marbella, Jesús Gil, que le acusa de apropiarse de 300 millones de pesetas de dinero público cuando era titular de la delegación de Deportes con el Grupo Independiente Liberal entre 1994 a 1998.

Gil sostiene que el antiguo edil de su grupo -y actual concejal del PA- se quedó con dinero destinado a los fichajes de ocho jugadores de la Unión Deportiva San Pedro, entidad de la que entonces era presidente, además de otras cantidades entre las que figuran las del transporte de deportistas. El regidor basa esta última acusación en un documento que alude a un supuesto contrato entre el ex delegado de Deportes y las empresas que habitualmente se encargaban de este servicio.

Según Fernández el mencionado documento no lleva 'ni la firma del alcalde, ni de los transportistas ni mucho menos del tesorero'. Además el concejal subraya que las cantidades pactadas con los transportistas se abonaban 'en el 90% de las veces mediante propiedades inmobiliarias de titularidad municipal y con dos o tres años de retraso', por lo que difícilmente podría haber distraído dinero. Explicó que todos los pagos, ya fuesen en terrenos o dinero, eran aprobados por la comisión de gobierno del GIL.

Sin embargo, el abogado municipal, José María del Nido, insiste que el edil firmó y dio el visto bueno a las facturas que el consistorio debía abonar a los transportistas en concepto de kilometraje, que asegura ascendían a un coste tres veces superior a lo estipulado en el mercado. La instructora deberá decidir ahora si archiva la ampliación de la querella o decreta que se juzgue a Carlos Fernández por los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida como pide Jesús Gil.