Desempleo

El incremento producido en los gastos derivados de las prestaciones por desempleo ha encendido la alarma del Gobierno, que se ha apresurado a hacer una llamada de atención a la sociedad y, especialmente a los agentes sociales, sobre la necesidad de acelerar la reforma del sistema. De lo contrario puede ponerse en peligro todo el equilibrio presupuestario.

El Ejecutivo se muestra preocupado con el hecho de que este incremento en los gastos de los subsidios por desempleo se haya producido mientras se reducen las cifras de parados en el Inem, lo cual parece una contradicción.

El tema no es nuevo. La ineficacia del Inem como oficina de colocación (hoy en día básicamente se ocupa de gestionar las prestaciones) ya había llevado a la conclusión de la necesidad de modificar la Ley Básica de Empleo. Se ha hablado, a estos efectos, de permitir una mayor participación del sector privado en la gestión del Inem.

A ello se une la necesidad de poner fin a determinados fraudes que se repiten cada verano, al extinguir las empresas los contratos temporales al inicio de las vacaciones para volver a contratar después a los mismos trabajadores, para evitarse así el pago de sus cotizaciones y salarios, que correrían por cuenta del erario.

Con la reforma en ciernes lo que se pretende es lograr la 'racionalización' del sistema que acabe con las 'disfunciones' que actualmente presenta, en palabras del ministro Aparicio. A estos efectos, se considera que la Ley de Acompañamiento podría ser un buen instrumento para llevar a cabo tal reforma.

En principio, se trata de lograr un acuerdo previo con los interlocutores sociales, pero las organizaciones sindicales ya se han apresurado a afirmar que no van a permitir ningún recorte en las prestaciones por desempleo. En este sentido, si fuera preciso, el Gobierno se muestra decidido a llevar a cabo esta reforma en solitario.

Estamos, pues, ante un nuevo tema para la discusión, que se une a los que ya son objeto de debate en la actualidad, como la reforma de la negociación colectiva o la ya acordada sobre las pensiones.