Los planes militares de EE UU en Colombia

En el amplio artículo de Mark Biwden publicado el pasado domingo, el autor muestra cuál es la filosofía de EE UU sobre el Plan Colombia: una guerra contra el narcotráfico centrada en combatir la producción de cocaína. Y muestra también cómo una vez más se diseña, desde una mesa de reuniones en Washington, la estrategia para un conflicto sin ponderar todos los puntos de vista que hay sobre el problema. Estrategia que, en vez de buscar la paz, busca profundizar la guerra. Una guerra en la que los españoles nos vamos a jugar mucho: en 1999 España igualó las inversiones de EE UU en Colombia y el año pasado las superó con creces.

Plantear mal un problema significa no resolverlo jamás. Y el artículo muestra el planteamiento norteamericano: narcotráfico igual a guerrilla. Y eso sólo es cierto en parte. Cierto que la guerrilla controla una parte de la producción. Pero para muchos políticos en Colombia el problema del narcotráfico no es tanto la producción como la distribución; es decir, el motor del negocio, como en la mayoría de los productos del sector primario.

Y la distribución de estupefacientes no está en manos de la guerrilla. La colocación de la coca procesada en los mercados de Europa y de EE UU está en manos de las mafias urbanas, de los paramilitares, hecho reconocido por Carlos Castaño, hasta hace poco jefe máximo de las AUC, y en sectores del llamado establecimiento colombiano. Aunque ellos no lo reconozcan, ahí están las actas judiciales del proceso 8.000, donde se vieron implicados con el tráfico de drogas políticos, militares, empresarios, diplomáticos.

Creo también que no es cierto que la guerrilla haya rechazado la oportunidad de lograr la paz. En 1984, las FARC firmaron con el presidente Belisario Betancur los acuerdos de la Uribe, en los cuales ordenaban el alto el fuego, y condenaron y desautorizaron el secuestro, la extorsión y el terrorismo. A cambio, el Estado les permitía abrir una vía para incorporarse a la vida democrática del país, lo que hicieron con éxito en 1986 a través de un movimiento amplio llamado Unión Patriótica. A partir de ese momento se inició el exterminio de la UP. En la actualidad las víctimas de esa fuerza democrática rondan las 4.500. Entre ellas, todos sus candidatos presidenciales, la mayoría de los parlamentarios, alcaldes y concejales electos en los que el pueblo colombiano había depositado su esperanza de paz.-