PP y PSOE pactan cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para elegir el nuevo Consejo

El Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, firmado el jueves en La Moncloa por José María Aznar y los secretarios generales del PP, Javier Arenas, y del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, vivió ayer una jornada intensa y compleja. Los dos partidos impulsores de ese acuerdo, PP y PSOE, mantuvieron otra reunión bilateral para consensuar la manera de resolver ahora algunos escollos judiciales pendientes que provoca la filosofía de ese pacto. Por ejemplo, socialistas y populares quieren que los 12 consejeros del Poder Judicial ahora de extracción parlamentaria y que acaban su mandato el próximo 24 de julio sean renovados ya siguiendo el nuevo espíritu de su acuerdo; es decir, según las 36 propuestas que planteen los jueces y refrenden las Cortes.

Ante la premura exigida por todos, el PP llegó a considerar que las presidentas del Congreso y del Senado firmasen sendas disposiciones que modificasen de hecho los artículos de los reglamentos de las dos Cámaras donde ahora se fija la elección parlamentaria de esos consejeros. Ni en el PSOE ni en el Ministerio de Justicia entusiasmaba mucho esa idea. No querían parches.

Urgencia parlamentaria

De hecho, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, que había valorado la semana pasada esa posibilidad y la había negociado con portavoces de otros partidos, acudió ayer por la mañana al Ministerio de Justicia para entrevistarse con el ministro, Ángel Acebes, y perfilar ese asunto. De Grandes almorzó luego con el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, y ambos concluyeron que era mejor buscar el procedimiento de mayor urgencia parlamentaria, pero con las máximas garantías jurídicas, y cambiar ya la ley orgánica del Poder Judicial (6/85 de 1 de julio) que recurrir a las disposiciones transitorias de las presidentas. Algo que reclamaron asociaciones del sector.

Caldera y De Grandes dedicaron la tarde de ayer, por un lado, a contactar con los portavoces de las demás fuerzas políticas para buscar su cooperación. En primer lugar, porque socialistas y populares quieren ahora que todos los partidos firmen las dos proposiciones de ley que presentarán hoy para, por un lado, cambiar la redacción de los artículos 111 a 116 de esa ley orgánica, en donde figura el antiguo sistema de elección, y, por otro, reformar el artículo 205 del Reglamento del Congreso que contiene también ese método.

De Grandes y Caldera hablaron además con los portavoces parlamentarios, incluso en la cena que se ofreció anoche al presidente chileno Ricardo Lagos, porque necesitan la unanimidad para cambiar en la Mesa del Congreso que se reunirá hoy el orden del día ya cerrado del pleno previsto para la semana que viene. La mayoría de los grupos se mostraron ayer dispuestos a facilitar ese retoque de calendario y permitir así que la semana que viene se pueda aprobar la toma en consideración de las dos proposiciones y que luego se ratifiquen, en un pleno extraordinario a convocar para julio (un mes parlamentariamente inhábil), por la vía de máxima urgencia o de lectura única. Estas semanas servirán para cumplir con los trámites de las consultas preceptivas al CGPJ y al Consejo de Estado, para el paso por el Senado y para celebrar los días 26 y 27 de junio el debate del estado de la nación.

Una disposición transitoria concede ahora por falta de tiempo al presidente del CGPJ, Javier Delgado, la autoridad para determinar los cupos de propuestas que podrá hacer cada asociación según su nivel de representatividad y sin excluir (en principio) a los jueces aspirantes con un mínimo de avales. Esa competencia corresponderá luego a las presidentas de las Cámaras.

Caldera y De Grandes apalabraron resolver las vacantes del Tribunal de Cuentas, el Constitucional y el Consejo de Seguridad Nuclear antes del 30 de junio y del CGPJ antes del 31 de julio.