La Comisión de la Verdad empezará a trabajar tras la investidura del Gobierno

El Gobierno de transición peruano dejará como herencia al próximo presidente la vía para que el país se encamine hacia la reconciliación. La llamada Comisión de la Verdad, aprobada por unanimidad el pasado 25 de mayo, cuyos integrantes serán designados los próximos días, comenzará a trabajar a partir de agosto, después de la investidura del nuevo Gobierno. Así lo anunció a la nación el presidente en funciones, Valentín Paniagua. La Comisión tendrá como misión principal la reparación de las heridas de dos décadas de violencia irracional. Un total de 25.000 muertos, 6.000 desaparecidos, 600.000 desplazados, 3.000 presos condenados por terrorismo (no todos culpables) y 7.000 órdenes de captura todavía en vigor son el resultado de la guerra que las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y MRTA declararon al Estado, cuyas Fuerzas Armadas cometieron también graves violaciones de derechos humanos.

No fue tarea fácil llegar a un acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, porque prevalece en amplios sectores de la sociedad peruana el criterio de que la violación de derechos humanos no es un tema relevante. El trauma de la violencia es de tal magnitud que a menudo se asocia a los defensores de derechos humanos con defensores de terroristas. Los dos candidatos de las elecciones de ayer firmaron un compromiso público de respaldo a la Comisión de la Verdad, que investigará los crímenes perpetrados por uno y otro bando entre 1980 y 2000, periodo que incluye los Gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori.

En diciembre, un grupo de ocho personas nombrado por el ministro de Justicia, y que incluía a representantes de los ministerios de Justicia, Mujer, Defensa e Interior, la Defensoría del Pueblo, las iglesias católica y evangélica y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, trabajó en el anteproyecto sobre la Comisión de la Verdad, que fue entregado al presidente Paniagua en marzo. La propuesta incluye la individualización de los responsables de los delitos, cuyos nombres se entregarían al poder judicial. Este punto ha generado resistencia, especialmente en el estamento militar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió recientemente la puerta para la aplicación de la justicia al dictar sentencia contra la ley de amnistía que firmó Fujimori en 1995 y que ampara todos los delitos cometidos por civiles y militares en la lucha contrasubversiva entre 1980 y 1995. La sentencia se refiere sólo a la matanza de Barrios Altos, 'pero sienta jurisprudencia', según Sofía Macher, directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos.