Unió, AVA y Fecoav plantan a Agricultura en la presentación de la ley sobre el minifundismo

Las organizaciones profesionales agrarias y la federación autonómica de cooperativas presentaron hace un año y medio a la Consejería de Agricultura un documento con una serie de propuestas para reducir el minifundismo del campo valenciano ante la pérdida de rentabilidad que trae consigo este sistema de reparto de la tierra. Esta ley, la más importante que tiene pendiente el Consell, ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por la Unió de Llauradors, AVA y Fecoav. Por ello, los representantes de estas organizaciones agrarias, mayoritarias en el campo valenciano, no entendieron ayer la presencia del Comité de Gestión para la Exportación de Cítricos, una organización de carácter sectorial, en la reunión en la que Joan Sanz tenía previsto presentarles el borrador de la ley, que arrastra un retraso de año y medio.

'Es una cuestión de detalle', declaró Cristóbal Aguado, presidente de AVA, 'pero creemos que los interlocutores son las organizaciones agrarias y las cooperativas. En justicia, si estaba el Comité de Gestión también deberían haber sido invitados representantes de las denominaciones de origen o representantes del sector arrocero...'. Según Aguado, es una ley demasiado importante para el sector agrario y el gobierno debía haber llamado a los principales interlocutores: 'A mí, el Ministerio de Comercio nunca me ha llamado para hablarme de las exportaciones. Pues lo mismo, en este caso'.

Desde la Unió de Llauradors, un portavoz insistió ayer en que el problema del minifundismo es una cuestión de política horizontal y, 'por tanto, las organizaciónes presentes en la consulta deben ser también horizontales'. Los representantes de estas tres asociaciones solicitaron por escrito a la consejería que les enviara un borrador del anteproyecto de ley.

La reunión se celebró finalmente, aunque contó exclusivamente con representantes políticos y técnicos de Jovénes Agricultores de Alicante, Fepac, de Castellón, y del Comité de Gestión para la Exportación de Cítricos.

María Ángeles Ramón-Llin, consejera de Agricultura, estimó en 350.000 millones de pesetas la inversión necesaria para financiar este plan, que tendría un plazo de desarrollo de más de siete años.