Condena de 18 meses de cárcel a dos empresarios por la muerte de un trabajador

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha condenado a un total de 18 meses de cárcel a los propietarios de la empresa Inyectados Roma, ubicada en el polígono industrial de Valdemoro, por la muerte de un trabajador. El operario, José Luis Pérez Cañadillas, de 38 años, pereció el 15 de marzo de 1999 aplastado por los cilindros de una máquina de complicado manejo, para el cual no tenía la obligada formación ni cualificación profesional, según se recoge en la sentencia. El fiscal había solicitado para los dueños de la empresa cuatro años de cárcel, y CC OO, que intervino como acción popular, seis.

La juez condena, asimisno, a los propietarios de la empresa, Vicente Magaña Fernández, de 55 años, y Andrés Robles Castillo, de 48, a indemnizar con 45 millones de pesetas a la esposa y la hija del trabajador fallecido.

En el fallo, la juez subraya que Inyectados Roma carecía 'total y absolutamente' de un plan de prevención de riesgos laborales y critica que se permitiera utilizar una peligrosa máquina a 'simples peones' con contratos renovables cada mes, lo que, según la sentencia, obligaba a los empleados a un exceso de celo para que no se parase la producción.

Esta sentencia no es la única decisión judicial reciente que castiga el incumplimiento de normas de seguridad laboral por parte de las empresas. La Audiencia de Madrid ha ordenado a un juzgado de Alcobendas que reabra el caso sobre un accidente laboral sufrido por un trabajador de los supermercados Alcosto y que lo investigue por la vía penal. El tribunal entiende que en la causa existen 'indicios' de que la empresa pudo incurrir en 'un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores' al no adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente.

El pasado lunes, la siniestralidad laboral volvió a ser noticia con la muerte de dos trabajadores en un edificio en obras en el distrito de San Blas. Las altas cifras de mortalidad -50% más en marzo pasado con respecto al mismo periodo de 2000- han llevado al Ejecutivo regional a plantearse la posibilidad de primar en los contratos públicos a las empresas con menor siniestralidad.