PSOE, CiU y sindicatos rechazan la potenciación de los centros privados

El portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Ignasi Guardans, afirma que 'es una barbaridad que tenga el mismo voto alguien elegido por un obispo o por una junta de accionistas que un rector elegido por sufragio universal'. Para Guardans, podría estar justificado que las universidades privadas participasen en decidir sobre temas 'estrictamente de docencia', pero considera que los rectores de centros privados no están legitimados en ningún caso 'para participar en decisiones que afectan a la Universidad en su conjunto'.

La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce, asegura que el proyecto demuestra 'el afán del Gobierno por quebrar el prestigio de lo público'. Valcarce recuerda que 'las exigencias para poner en marcha una universidad pública no tienen nada que ver con lo que se pide a las privadas, y menos, con lo que se pide a las católicas'. La portavoz socialista criticó 'la escasa participación que tendrán los estudiantes en los órganos de representación', así como la falta de garantías de igualdad de oportunidades en el acceso que ofrece el sistema libre de elección de alumnos en cada universidad. 'No queda claro que se prime el mérito y la capacidad académica', denunció.

El secretario general de la federación de Enseñanza de UGT, Jesús Ramón Copa, calificó de 'aberración' la equiparación de las universidades públicas con las privadas, ya que a su juicio éstas 'se rigen por criterios estrictamente económicos y no comparten las obligaciones de investigación y de cubrir todas las áreas del conocimiento que tienen las públicas'. Copa alertó sobre lo que podría ocurrir en el futuro si llegase a haber más universidades privadas (14 en la actualidad) que públicas (48): 'Quedaría en manos privadas un servicio público'.

Los sindicatos centraron sus críticas en la 'precariedad' y la 'inestabilidad' laboral que provocará la Ley de Universidades si mantiene, como dice el anteproyecto, que hasta un 49% del personal docente e investigador puedan ser profesores contratados, no funcionarios.

El presidente de STES, Augusto Serrano, tildó de 'centralista y contrario a la autonomía universitaria' el sistema de acreditación estatal del profesorado que introduce la nueva ley. Serrano denunció que la elección de los rectores por sufragio universal es un modelo 'corporativista', ya que los doctores funcionarios tendrán el 51% de los votos.

El secretario general de la federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, sostiene que el rector debe ser elegido por los órganos colegiados de gobierno. Lezcano insiste en la necesidad de someter la ley a debate. 'Una ley sin consenso social y político está condenada a fracasar en la práctica', afirmó.