La ONG que educa a niños extranjeros en Canarias achaca sus problemas a Interior

Durante los últimos meses se han producido varias denuncias de reyertas con armas blancas, agresiones sexuales y fugas de los centros de acogida, que afectan a varias decenas de muchachos que viven en estas instituciones de régimen abierto. En las islas existen siete centros para menores inmigrantes: cuatro en Gran Canaria, con 60 plazas; uno en Fuerteventura, con 30; otro en Tenerife, para diez niños y jóvenes, y uno mixto en Tenerife, de la misma capacidad. Cada uno depende de su respectivo cabildo insular. Los cinco primeros son gestionados por CEAR, organización no gubernamental que mantiene fuertes vínculos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Blanco, presidenta de CEAR y diputada del PSOE, reconoce que ha habido problemas con los menores inmigrantes, 'como no podía ser de otra manera', apostilla. Pero afirma que las ONG y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno autónomo trabajan 'en positivo' para solucionarlos: 'El 50% de los muchachos son rehabilitables. Estamos consiguiendo altos porcentajes de integración'.

A su juicio, los problemas se deben a la falta de infraestructuras: 'La cuestión es que la Administración central no está ayudando a las comunidades autónomas que tienen que gestionar la integración de los chicos. Me refiero sobre todo a Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid. El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, se está inhibiendo de sus responsabilidades en un asunto que crece día a día y que no se resuelve con la expulsión cuando los menores carecen de familias que los reciban en Marruecos'. Blanco alude a la reciente repatriación de cuatro adolescentes del centro de acogida de Fuerteventura: 'Tres nos han llamado para decirnos que allí nadie se hace cargo de ellos'.

Trabajar con las autonomías

La presidenta de CEAR insiste en que la Ley de Extranjería hace referencia a los menores. 'Por eso el Gobierno tiene la responsabilidad de trabajar con las comunidades autónomas y no lo está haciendo'. También reconoce que su organización estudia retirarse de la gestión de los centros de acogida si no se dan las garantías necesarias que favorezcan la integración de los pequeños inmigrantes. 'Su tutela y guarda corresponde al Gobierno canario y a los cabildos', añade. 'El consejero de Asuntos Sociales, Marcial Morales, hace todo lo que está en su mano, pero no cuenta con la ayuda del Gobierno central', insiste.

Morales, por su parte, admite que algunos de los menores son problemáticos. Pero añade: 'No podemos generalizar. Hablamos de chicos con un desnivel de vida enorme respecto a los españoles. Eso hace que alcancen la madurez mucho antes. Aceptan la formación no como un proyecto educativo, sino cuando está vinculada directamente con el empleo. Pero en cuanto se normalizan muchos recuperan las reacciones que consideramos normales en un menor'.

Morales recuerda además que la Federación de Cabildos ha llegado a un acuerdo para distribuir a los chicos en proporción al número de habitantes de cada isla, con el fin de facilitar su integración. 'Al principio hubo rechazo hacia ellos en algunos lugares que soportan la realidad del problema. Ahora hay protestas en los ambientes en que se integran cuando se produce la reunificación familiar de alguno. Nuestro discurso comienza a dar fruto'.