Cierre quimérico

La Ley de Cooperación Autonómica, con la que el Gobierno pretende cerrar de una vez por todas el modelo del Estado de las autonomías, no ha podido evitar, a pesar de su nombre, toda suerte de recelos y suspicacias en la parte más afectada: las autonomías. Los asuntos que inquietan al Ejecutivo y que considera urgente abordar son básicamente tres: el impulso de las conferencias sectoriales entre los distintos ministerios y los respectivos departamentos autonómicos, la creación de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, y el tema más espinoso, la regulación por ley de las competencias concurrentes entre el Estado y las comunidades.

El Gobierno hace bien en plantear la necesidad de retomar las conferencias sectoriales, porque hasta ahora la relación entre las distintas administraciones ha sido muy deficiente. En el caso de Cultura, por ejemplo, el Gobierno no ha convocado ninguna reunión durante los últimos cinco años. En otros departamentos, las conferencias no han funcionado porque precisamente ha faltado el sentido de cooperación y ha imperado el presidencialismo del ministro de turno. Un buen ejercicio para iniciar una nueva andadura sería un diseño policéntrico de las actividades y encuentros de las conferencias de cooperación. Un corolario de este capítulo es el compromiso incumplido por el Gobierno de promover la forma de participación de las autonomías en los mecanimos de decisión de la Unión Europea. Un asunto en el que están trabajando otros países europeos, especialmente Alemania, aunque con un planteamiento más federal debido a que los länder son los más afectados por la pérdida de competencias derivada de la integración europea.

La creación de la Conferencia de Presidentes Autonómicos es una forma bastante burda de sustraerse al asunto pendiente de más calado del sistema autonómico: la reforma del Senado. Hay un cierto consenso entre los especialistas en plantear una reforma constitucional de mínimos. Se trata básicamente de conseguir que esta Cámara sea una verdadera representación de las comunidades y la última instancia de discusión de los asuntos territoriales.

La regulación por ley de las competencias concurrentes entre el Estado y las comunidades ha despertado los temores de una reedición de la LOAPA. La sentencia del Constitucional dejó claro que las Cortes no pueden erigirse como intérpretes del Título VIII de la Constitución, función que sólo corresponde al Tribunal Constitucional. El Gobierno podría tropezar de nuevo en la misma piedra, 20 años después, si persigue este quimérico ideal de cerrar, culminar o poner un techo a todo el proceso autonómico. El debate sobre el reparto de los poderes territoriales es tan viejo como vivo en numerosos países. En esto tampoco podemos ser distintos.