Cinco años de cárcel para dos de los cuatro acusados por el 'caso Priorat'

El tribunal considera a Enric d'Anguera y a Armand Gutiérrez únicos responsables de haber creado un conglomerado de empresas fantasma; duplicar cobros por trabajos inexistentes; destinar dinero público para obras en caminos que no se realizaron, y de cobro fraudulento de trabajos sobre la ordenación de espacios naturales.

Las penas para D'Anguera y Gutiérrez no difieren mucho de las solicitadas por el ministerio fiscal, que demandaba para el ex gerente y el empresario 6 años de prisión y 15 de inhabilitación.

El tribunal considera probada la connivencia de los dos condenados para la obtención de fondos 'de forma ilícita'. Así, asegura que D'Anguera facilitó a la empresa Ecológica el cobro mediante subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, 'de dos veces la cantidad acordada con el conocimiento de ambos y con el ánimo de obtener ilícito beneficio'. De igual manera, el tribunal sostiene que el ex gerente facilitó el desvío de fondos hacia las empresas Prior-Arq y Arcade, 'simples nombres comerciales, que jamás realizaron tarea alguna', cuyos titulares eran el propio ex gerente y el empresario.

Criba de acusados

Asimismo, y según sostuvieron el fiscal y los testigos, el juez da como probado que la realización de un trabajo sobre los espacios de interés natural del Priorat fue elaborado por los trabajadores del consejo, pero fue cobrado por la empresa Ecológica, en la que entre 1992 y 1993 trabajó Pere Pujol, hijo del presidente de la Generalitat, citado inicialmente en la causa como testigo.

Después de que el fiscal, la Generalitat y el Consejo del Priorat retiraran sus acusaciones al ex presidente convergente del organismo, Josep Maria Buil; al vicepresidente, Josep Maria Vallès, y a los tres consejeros de la comisión de medio ambiente, quedaron sólo cuatro imputados. Dos de ellos, el secretario interventor y el empresario Francesc Puertas, han quedado ahora exculpados en la sentencia.

Gutiérrez aseguró ayer que recurrirá contra la sentencia, puesto que se considera inocente y 'cogido en medio de un montaje político que no se ha visto durante el juicio'. A la tesis del contubernio político se sumaron ayer también los políticos del Consejo Comarcal que habían sido acusados al principio y durante la vista oral quedaron exculpados.

Por el contrario, los políticos de Unió que sustituyeron en el consejo a los encausados convergentes y que fueron quienes denunciaron las irregularidades contables, se mostraron ayer conformes con la sentencia. No obstante, recordaron que 'en el juicio no se ha visto todo lo que había de delictivo en el caso'.