Ríos Montt pierde la presidencia del Parlamento de Guatemala
Efraín Ríos Montt, ex general golpista y actualmente presidente del Congreso de Guatemala, ha perdido su cargo. La Corte de Constitucionalidad echó por tierra ayer los esfuerzos de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de mantenerlo en el puesto mientras es investigado, junto a otros 23 diputados, por la supuesta alteración de una ley. Según la resolución, el militar y otros cinco correligionarios deberán abandonar la dirección del Legislativo y volver a ser diputados rasos.
El enredo legal arrancó el pasado 6 de marzo, cuando la Corte Suprema decidió despojar a Ríos Montt y a otros 23 diputados del partido oficial de su inmunidad parlamentaria. El motivo: la burda manipulación de una ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, cuyo texto, una vez aprobado en el pleno, fue modificado en la sombra antes de publicarse en el diario oficial. De poco sirvió la desaparición de los registros taquigráficos y otras pruebas: la grabación de la sesión que conservaba una periodista desencadenó el escándalo, conocido como Guategate.
Inasequibles al desaliento, los diputados del FRG respondieron con otra iniciativa de dudosa legalidad: modificaron el reglamento del Congreso para permitir al general seguir al frente del Legislativo, a pesar del antejuicio. La Corte de Constitucionalidad obliga a que Ríos Montt y otros cinco miembros de la Junta Directiva dejen los cargos, pero no el escaño. Y la presidencia del Congreso, de todas formas, se queda en casa: según el organigrama, el puesto pasaría a la vicepresidenta, Zury Ríos, hija del general.
La importancia de la resolución es, ante todo, simbólica, y otorga un respiro para la desesperada oposición: por fin alguna instancia ha puesto freno al imparable rodillo del FRG, que desde la llegada al poder, en enero del año pasado, ha utilizado su mayoría absoluta para legislar en solitario y de acuerdo a sus intereses.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha abierto ya la investigación del Guategate, que podría derivar en la apertura de juicio por los delitos de 'falsedad material, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas'.
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