La capital alavesa suscribe el segundo acuerdo en Euskadi para que grupos de presos realicen trabajos comunitarios

El Ayuntamiento de Vitoria e Instituciones Penitenciarias han sellado el segundo convenio firmado en Euskadi para que 20 presos cumplan penas de trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a condenas en prisión por delitos menores. El objetivo de este acuerdo es orientar la pena hacia un carácter reeducativo, posibilidad prevista en el nuevo Código Penal, pero que no ha tenido una gran relevancia en el País Vasco ante la inexistencia de acuerdos entre las diferentes administraciones locales y el Ministerio de Interior. En concreto, sólo existe el precedente del Ayuntamiento de Portugalete, que cuenta con cuatro plazas destinadas a este tipo de actividades para reclusos.

El consistorio vitoriano se coordinará con los jueces y con el juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que en los próximos meses se ponga en práctica este convenio. Para ello ha dispuesto 20 plazas que no corresponden a puestos de plantilla 'ni supone un ahorro de personal para el Ayuntamiento', según Alfonso Alonso, alcalde de la ciudad. Quince de las plazas son de jardinero, una de labores auxiliares en el laboratorio, otra más en el centro de protección animal, una en el centro de atención a extranjería y las dos restantes, en el departamento de Intervención Social.

Alonso cree que esta alternativa debe servir al penado 'para reconciliarse con la comunidad y evitar una pena peor que le aporte menos desde el punto de vista educativo'. En toda España existen actualmente 369 ayuntamientos adheridos a este convenio y sólo Portugalete dentro de la comunidad autónoma vasca ha ofertado hasta el momento cuatro puestos de jardinería.

Los jueces son los encargados de imponer estos trabajos como sustitutivos de penas privativas de libertad, y los encargados de llevar a cabo el seguimiento son los titulares de Vigilancia Penitenciaria.

El Ayuntamiento sólo resuelve si la persona designada por el magistrado es apta para desarrollar la actividad correspondiente que se prolongará durante el tiempo que determine el juez.

La legislación prevé desde 1995 que, en casos de arrestos de fines de semana derivados de delitos menores, el reo pueda tener la alternativa de cumplir trabajos en beneficio de la comunidad.