Más de 8.000 paramilitares aterrorizan a los civiles

Los 8.150 paramilitares que desde hace 14 años baten las zonas de influencia guerrillera dispuestos a trocear a cualquier compatriota que huela a subversivo, han contribuido como nadie a la degradación del conflicto. Su crecimiento ha sido vertiginoso, según admite un informe de la vicepresidencia del Gobierno: comenzaron con 93 miembros en 1986, en 1994 eran 2.150 y el pasado año crecieron hasta 8.150, la mayoría mercenarios.

Las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia han asesinado y causado el éxodo de miles de civiles indefensos, especialmente campesinos. Justifican su salvajismo-las matanzas múltiples son su método más frecuente- por el supuesto carácter de colaboracionistas de sus víctimas. Son, argumentan, 'objetivos militares'. Se financian con el narcotráfico, los secuestros y los fondos de ganaderos y terratenientes que se sienten amenazados por la guerrilla.

'Las estrategias de guerra de las Autodefensas con sus ataques directos contra la población pobre campesina', señala el informe oficial, 'y la práctica de violaciones tales como torturas, muertes fuera de combate, masacres y desplazamientos forzados, contribuyen a la crítica situación que vive Colombia'. Al igual que la guerrilla, asaltan poblaciones, bloquean carreteras y secuestran para pedir rescate. 'Las zonas donde ubican sus retaguardias están protegidas por anillos de seguridad muy complejos, prácticamente imposibles de penetrar por los investigadores de la Fiscalía'.

El Gobierno exhibe la detención por el Ejército o la policía, entre 1988 y el año 2000, de 852 paramilitares y la muerte de 145 de ellos. Las 931 investigaciones en curso efectuadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía identificaron a 38 miembros del Ejército, seis de la Marina y otros 43 de los distintos cuerpos de seguridad como cómplices de los paramilitares. 'Los resultados de esas operaciones permiten reconocer una mejoría sustancial de la acción de la fuerza pública', subraya el documento gubernamental.

Política de Estado

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin embargo, restan decisión al combate oficial e insisten en que de haber habido una auténtica política de Estado, esos escuadrones de extrema derecha no habrían prosperado tanto. Las consecuencias de ese crecimiento son contundentes. Entre enero de 1997 y julio de 2000, los paramilitares y las guerrillas han secuestrado a 40 dirigentes regionales, seis diputados, 12 alcaldes, 136 concejales, 67 candidatos a alcaldes, 68 candidatos a concejales, cuatro inspectores de policía y un buen número de funcionarios.