Consejeros de Estado y jueces del Supremo integran el tribunal de conflictos

El Gobierno estudia recurrir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para dirimir el conflicto creado tras la decisión de la Sala Segunda del Supremo de rechazar el reingreso a la judicatura de Javier Gómez de Liaño. Se trata de un órgano colegiado de magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y de consejeros permanentes de Estado, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado.

La ley orgánica del Poder Judicial establece la composición de este tribunal colegiado, que se renueva actualmente y que este año está formado por los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo Rodolfo Soto Vázquez y Pedro Antonio Mateos. Por parte del Consejo de Estado forman el tribunal José Luis Manzanares Samaniego, ex magistrado de la Sala Penal del Supremo y ex vicepresidente del Poder Judicial; Miguel Vizcaíno y Antonio Pérez Tenessa.

Por su parte, el ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño declaró ayer a varias emisoras de radio que después de la decisión del Tribunal Supremo de oponerse a la aplicación de su indulto le 'cuesta mucho creer que ésta no sea una historia de resentimientos, venganzas y otras pasiones'.

Javier Gómez de Liaño comentó en sus declaraciones que la Sala ha ejercido 'una atribución indebida de competencias' ya que, según él, es a la Sala de lo Contencioso a la que corresponde la revisión de un acto administrativo emanado del Consejo de Ministros. Esta misma tesis fue propuesta por el presidente de la Sala, Luis Román Puerta, y fue rechazada incluso por dos de los magistrados que luego votaron a favor del reingreso de Liaño en la carrera.

Liaño, que en 1990 fue designado vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, calificó de 'injuria de muy mal gusto' acusarle en estos momentos a él o al Partido Popualr de que el indulto se concedió para 'pagar favores'. 'Es un pecado de necedad que sólo la misericordia de algunos podrá perdonar', agregó.