Cambio del Estatuto de los Trabajadores en relación con el registro de los contratos en el Inem

Una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos presentada por el Partido Popular en el Senado pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 16, referido al sistema de registro de los contratos en el Instituto Nacional de Empleo (Inem). Con ese cambio se sustituye la obligación de registro en la Oficina de Empleo, en el plazo de los 10 días siguientes a la concertación del contrato, por "la comunicación del contenido de los contratos de trabajo que se celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito, en los términos que reglamentariamente se determinen".Asimismo se suprime un párrafo del artículo 8, por el que se obliga a que en los contratos con necesidad de registro en el Inem se deba remitir la copia básica junto con el contrato a la Oficina de Empleo, mientras que para el resto de los supuestos se debe remitir la copia básica.

La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado argumenta que esa iniciativa se adopta con el criterio de modernizar el Servicio Público de Empleo, aprovechando la simplificación administrativa que procuran las nuevas tecnologías de la información.

Para los sindicatos, esas modificaciones parecen correctas en su contenido, sin embargo, discrepan en el método elegido al utilizar la Ley de Acompañamiento para modificar el articulado del Estatuto de los Trabajadores, lo que UGT y CC OO califican de "rechazable".

Las centrales consideran que con esas modificaciones al anteproyecto de ley que se envió para informar al Consejo Económico y Social (CES) "se ha eludido la consulta con los trabajadores, tanto en este proceso de participación como en el actual abierto a través de la mesa de diálogo social donde se están debatiendo medidas relacionadas con la contratación y conectadas, por tanto, con la referida enmienda".

Las direcciones sindicales creen que con ello "se refleja un desprecio hacia el diálogo social y a la opinión del CES" y exigen que se dé participación a los interlocutores sociales en el desarrollo reglamentario.