Rehenes energéticos

La ola de protesta social por el aumento del precio de los carburantes no acaba de extinguirse en España.Globalmente se está produciendo con menos virulencia que la registrada semanas atrás en Francia y en el Reino Unido, los dos países de referencia próximos, pero algunos incidentes aislados no se han quedado a la zaga, como los duros enfrentamientos habidos entre las fuerzas policiales y grupos de pescadores y agricultores que han intentado en los últimos días bloquear puertos y depósitos de combustible en diversos puntos de España. En todo caso, el conflicto se está prolongando más tiempo que en el resto de Europa. Cada día que transcurre sin llegar a una solución aumenta el riesgo de que el conflicto se encone. Ayer, varios miles de agricultores catalanes sacaron sus tractores a la carretera, y el estratégico sector del transporte amaga con una huelga de tres días a partir de hoy que, de llevarse a cabo, acarrearía graves perjuicios al conjunto de los ciudadanos. La situación es delicada en estos momentos. Existen bases sólidas para que el conflicto se resuelva de una vez si las partes afectadas son conscientes de lo que realmente se puede negociar y adaptan sus exigencias. Pero también existe el peligro cierto de que se produzca un retroceso en las negociaciones en curso si los agravios comparativos o los intereses sectoriales se imponen de forma desmedida al sentido de responsablidad. El principio de acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno y las principales organizaciones de pescadores y agricultores, aunque de momento no satisfaga al conjunto de ambos sectores, constituye un sólido punto de partida para resolver el indudable problema económico que la escalada del crudo les plantea en sus actividades. E, indudablemente, también puede servir para resolver el específico de los transportistas

En principio parece correcta la estrategia negociadora del Gobierno, que consiste en compensar las pérdidas de rentas que produce la subida del gasóleo con ventajas fiscales específicas para cada sector (en IVA e IRPF, sobre todo) y con líneas de crédito a tipos de interés subvencionados. Es un tratamiento específico de rentas para un problema de costes concreto, y se supone que temporal. Las ofertas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa costarán al Tesoro unos 100.000 millones de pesetas, a cambio de mantener inalterable el impuesto especial de hidrocarburos, que actúa como un gravamen disuasorio del consumo. La decisión de no tocar este impuesto se puede defender con diversos argumentos. Es verdad que a corto plazo el consumo no depende del precio, pero sí a medio y largo plazo. Además, sería un error tomar una decisión de este tipo de aplicación exclusiva a agricultores, pescadores y transportistas. Si se decidiese rebajar el impuesto del gasóleo que gastan estos sectores, el resto de los consumidores podría defender igualmente que sus rentas también se deterioran por el encarecimiento de los precios.

Lo que no está tan claro es si el Gobierno ha acertado en la táctica. Las dudas surgen cuando se aprecia que las negociaciones, iniciadas con retraso por la inicial actitud de Gobierno de no sentirse afectado por la situación, no se acaban de cerrar y, lo que es más inquietante, algunos grupos importantes -caso de la organización agraria COAG y varias cofradías pesqueras- se han retirado de las negociaciones.

Al margen de quién sea el responsable de las sucesivas rupturas, la política negociadora del Gobierno debe orientarse ahora a recuperar a los disidentes y, por supuesto, a garantizar que el suministro de combustible a todos los ciudadanos no resulte afectado por la magnitud y orientación de las protestas. Porque, si se impone una escasez artificial de carburantes, los grupos de manifestantes que han abandonado la negociación habrán tomado como rehén al resto de la sociedad.