Lo mínimo

Más allá de los acuerdos alcanzados, la importancia de la reunión que celebró ayer la Junta de Seguridad del País Vasco, con la presidencia del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de su homólogo vasco, Javier Balza, radica en las circunstancias que rodean a la cita. Los responsables de la seguridad pública han vuelto a encontrarse en este órgano de coordinación después de cuatro años de inoperancia y de recientes episodios de enfrentamiento inaceptables, y en el paroxismo de la escalada criminal de ETA. Lo acordado es lo mínimo que los ciudadanos pueden exigir: la puesta en marcha de una comisión permanente formada por mandos de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Ertzaintza para compartir toda la información que ayude a acabar con ETA y a establecer inmediatamente los dispositivos de protección de las personas que figuran como posibles objetivos terroristas. Tanto Mayor Oreja como Balza se han comprometido a garantizar la coordinación de las policías bajo su mando por encima de las "disputas políticas" que han abierto una sima entre los gobiernos de Madrid y Vitoria. Con ello no hacen sino atenerse a las responsabilidades inherentes a los cargos que ocupan. A unos servidores públicos no se les puede pedir que simpaticen o que compartan opiniones, pero sí debe exigírseles eficacia en su función y que aparten filias y fobias a la hora de desempeñarla. Mucho más cuando en sus manos descansa la tarea primodial del Estado: proteger la vida y las libertades de los ciudadanos.

Siendo un paso adelante, este orillamiento de las graves discrepancias de diagnóstico y tratamiento de la violencia planteadas entre el Gobierno del PP y el Ejecutivo nacionalista de Vitoria resulta del todo insuficiente para afrontar el desafío de ETA. Ayer mismo, sólo la suerte evitó que los terroristas se cobraran nuevas víctimas entre personas tan alejadas del conflicto vasco como el diputado y secretario general del PSOE de Málaga, José Asenjo, su mujer y su hija. No resulta lícito refugiarse en las diferencias políticas cuando lo que está en juego son los derechos esenciales de las personas, y el asesinato y el chantaje se proyectan contra todos los sectores de la sociedad como una siniestra lotería. En estos momentos cruciales, los políticos deben asumir como prioridad básica la protección y defensa de las víctimas, como ha reclamado el obispo de San Sebastián. Para hacer entender a ETA y a sus hooligans que la vida no es moneda de cambio y que el crimen no tiene premio.