El TSJ pregunta si Olivas, acusado por el 'caso del chófer', es aforado
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se ha dirigido a las Cortes Valencianas para que acrediten la condición de aforado del vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas. El trámite del alto tribunal está relacionado con la querella presentada hace unas semanas por la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT por la contratación de Salvador Gil, ex chófer del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y de la esposa de aquél, Henriette van Krimpen, para regentar la residencia de personas ilustres del Penyal d'Ifac, en Calpe. La querella fue presentada ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que la trasladó al TSJ por la condición de aforado de Olivas.UGT denunció a Olivas después de que la Agència Valenciana de Turisme contratara al anterior chófer del presidente del Consell y a su esposa sin convocar los preceptivos concursos. El sindicato estima que el vicepresidente pudo haber cometido un delito de prevaricación. Sin embargo, Olivas ha defendido ante las Cortes, donde la oposición solicitó su comparecencia al efecto, la legalidad de los contratos, porque se efectuaron de manera "temporal" y por la "absoluta urgencia" con que debían cubrirse los puestos.
La oposición reclamó a principios de este mes la destitución de Gil, tras conocer que había sido condenado a nueve meses de prisión por agredir a un joven en una cafetería de Benidorm, por considerar que el fallo "demuestra que el ex chófer no es la persona más apropiada para ocuparse" de la residencia de invitados ilustres.
Archivado En
- TSJCV
- Política nacional
- V Legislatura Comunidad Valenciana
- José Luis Olivas
- Vicepresidencia autonómica
- Organismos judiciales
- Presidencia autonómica
- PPCV
- Generalitat Valenciana
- Parlamentos autonómicos
- Tribunales
- PP
- Comunidad Valenciana
- Gobierno autonómico
- Corrupción política
- Partidos políticos
- Comunidades autónomas
- Corrupción
- Parlamento
- Política autonómica
- Poder judicial
- Administración autonómica
- Delitos
- Política
- España


























































