PSOE y PA piden al Gobierno en el Parlamento que cree un Consejo Audiovisual provisional

La mayoría parlamentaria de PSOE y PA aprobó ayer una iniciativa en la que se pide al Gobierno que regule el Consejo Audiovisual de Andalucía con carácter provisional, mientras prepara un proyecto de ley de creación de este órgano. Tanto IU como el PP respaldaron la puesta en marcha del Consejo, pero calificaron de "frivolidad" y "pucherazo" que el propio Parlamento "autorice y le pida" a la Consejería de Presidencia que dicte un decreto. Ambas fuerzas dijeron que se trataría de un "chiringuito" más de su titular, Gaspar Zarrías.

Todos los grupos se mostraron de acuerdo, y así lo reflejaron en su voto, en la necesidad de crear el Consejo Audiovisual de Andalucía que vele por la evaluación de los contenidos del sector, la honestidad informativa y el principio de pluralismo, para lo que instaron al Consejo de Gobierno a remitir al Parlamento un proyecto de ley. En lo que disintieron fue en la regulación provisional de un órgano, mediante decreto, en tanto se tramite la ley, como finalmente salió adelante. Los socialistas, autores de la proposición no de ley, argumentaron que el órgano provisional servirá de "rodaje" y cubrirá un hueco. El ponente de la iniciativa, el socialista Manuel Gracia, dijo que hay una preocupación creciente por lo que "ven y oyen" los ciudadanos andaluces a través de la radio y televisiones públicas y privadas. "El nuevo espacio audiovisual que se está configurando es una fuente inmensa de oportunidades para enriquecer los conocimientos, ocio y cultura", subrayó, "pero también una puerta a sutiles formas de discriminación que pueden crecer hasta ser clave en la desigualdad profunda".

La importancia de este mercado, según Gracia, hace conveniente que, con carácter inmediato y hasta que se produzca la regulación legal, el Gobierno dicte una normativa para que se cree un Consejo transitorio, que sirva de "rodaje" y de "experiencia" al organismo definitivo.

José Luis Sanz, del PP, sostuvo que su grupo apoya la creación por ley -ya que se trata de una demanda recogida en sus programas electorales- con la mima fuerza que rechaza un decreto que condicionaría la norma posterior. Añadió que no comprendía "las prisas" de un "decretazo", otro "pucherazo" de Gaspar Zarrías en el mundo de las telecomunicaciones. "No parece lógico entregar al consejero de la Presidencia un nuevo juguetito, como Andalucía Digital o Sandetel".

La portavoz de IU, Concha Caballero, se mostró sorprendida por "la frivolidad" de la iniciativa, ya que, a su juicio, autorizar a Presidencia a que cree el Consejo Audiovisual es un procedimiento "muy poco serio" que no se ha seguido en ningún país. "Zarrías hará en unas semanas un nombramiento, aumentará el poder que ya tiene y luego la ley se adaptará", enfatizó Caballero, quien afirmó que las competencias audiovisuales no pueden estar residenciada exclusivamente en los gobiernos y calificó la propuesta socialista de "chiringuito". "Lo que van a hacer hoy no se ha atrevido a hacerlo ni el PP. La autoridad viene dada por el consenso y la legitimidad por su naturaleza jurídica".

La portavoz izquierdista señaló que la iniciativa sería lo mismo que decir que mientras se crea la Cámara de Cuentas o el Defensor del Pueblo es necesario arbitrar unas instituciones de transición. "Es una tomadura de pelo. ¿por qué tanta prisa? ¿por qué Andalucía de repente no puede estar tres o cuatro meses sin Consejo?", preguntó la dirigente de IU.

Por su parte, Ricardo Chamorro, del PA, abogó por proporcionar un impulso político al Consejo Audiovisual e ir poniendo en rodaje un órgano similar al que surja desde la ley. "Ojalá que a partir de hoy podamos empezar un debate sereno y contribuir a que el pueblo andaluz tenga iguales oportunidades para acceder al sector", dijo.

El PA propuso una enmienda para que el consejo provisional estuviera integrado por 10 miembros, nueve de ellos elegidos por el Parlamento con el respaldo de al menos tres grupos y mayoría de dos tercios. El PSOE la cambió por una transaccional, que fue aprobada, y anuló la "detallada forma de elección".