Los editores de libros escolares anuncian un recurso y los libreros piden la dimisión de Rodrigo Rato

"Los libreros o distribuidores minoristas podrán hacer el descuento que deseen en los libros de texto sobre el precio de venta al público, frente al tope actual del 12%". El escueto comunicado del Gobierno desató ayer las iras de libreros y editores de libros de texto.La medida, según el sector del libro, beneficia a las grandes superficies y provocará el cierre de numerosas librerías. Editores y libreros opinan que el descuento libre es la peor medida que se podía aprobar y hubieran preferido la libertad de precios. La diferencia es que con el precio libre todos competirían en igualdad de condiciones y no se podrían abaratar los libros por debajo del precio de coste, como dice la Ley del Comercio Minorista. Pero con el libre descuento, las grandes superficies pueden regalar libros a sus clientes, algo que no pueden hacer las librerías, que viven sólo de este producto.

A la espera del texto exacto del decreto ley que, según el presidente del Gremio de Editores de Madrid, Fernando Valverde, ayer por la tarde ni siquiera tenía el director general del Libro, Fernando de Lanzas, han empezado a tomar posiciones. La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) recurrirá la medida "ante todas las instancias jurídicas, al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo si es necesario, porque es ilegal y atenta contra todas las leyes de la competencia. Se ampara desde el Gobierno la venta con pérdidas, algo que no tiene precedentes en ningún país de nuestro entorno", según el presidente de ANELE, Mauricio Santos.

La Confederación de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) calificó la medida de "fascista y oligárquica" y pidió la dimisión de Rodrigo Rato "por su desconocimiento absoluto del funcionamiento del sector del libro y de las industrias culturales, por su talante prepotente e impositivo nada proclive al diálogo democrático".

Los libreros arremeterieron contra las grandes superficies. Es "un pago de servicios prestados a empresas de capital extranjero que aprovechan la debilidad del Gobierno para imponer prácticas que no pueden realizar en el resto de Europa". CEGAL calcula que unas 1.500 librerías pueden cerrar. "Para las pequeñas librerías y papelerías, la venta de los libros de texto significa entre el 30% y el 35% de su facturación. Es la muerte por decreto", dijo Valverde.