La futura ley del Voluntariado será consensuada con los agentes sociales
La Junta de Andalucía consensuará con corporaciones locales, agentes sociales y partidos políticos el anteproyecto de ley del Voluntariado antes de aprobarlo en Consejo de Gobierno, a finales de este mes, según anunciaron ayer en rueda de prensa los consejeros de Asuntos Sociales y Gobernación, Isaías Pérez Saldaña y Alfonso Perales, respectivamente.El texto de la ley penalizará la sustitución de personal retribuido por voluntarios, agilizará la burocracia y recogerá una renuncia expresa de las administraciones públicas a crear una plataforma propia de voluntariado.
Perales aseguró que la norma "pretende mantener a Andalucía a la cabeza de las políticas de solidaridad, donde se colocó en los últimos años gracias a proyectos como la ley de parejas de hecho, la jornada de 35 horas o las subidas de las pensiones".
Pérez Saldaña dijo que el anteproyecto, que se presentará en julio al parlamento autonómico, es "una ley corta, porque voluntariado significa libertad", y añadió que el texto parte de la concepción del voluntariado como "expresión de una participación ciudadana cada vez más importante en la sociedad, y aceptará también su papel crítico frente a la Administración".
Otra de las finalidades de la normativa es simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para facilitar la eficacia de la acción voluntaria y fomentar la modernización de estas entidades para adaptarse a la normativa europea en cuestión de funcionamiento y auditorías.
La ley andaluza establecerá unos requisitos legales mínimos, similares a los de la ley estatal y la facultad reguladora de la Administración se centrará en la evaluación de la eficacia social de los programas financiados con fondos públicos, según la Junta.
El proyecto parte de un concepto amplio de voluntariado, considerando a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro y considerará como voluntariado únicamente las actividades altruistas, a cambio de nada, por lo que se excluirán las prestaciones de los objetores de conciencia y se prohibirá la sustitución de personal retribuido por voluntarios.
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