La declaración de Gil en el 'caso Atlético' se atrasa para estudiar más pruebas

La defensa de Jesús Gil se apuntó ayer los tres primeros lances del juicio del caso Atlético al impedir que se televisara el proceso, rechazar una documentación reclamada a última hora por el fiscal y conseguir que haya nuevas pruebas testificales, documentales y periciales. Esto último ha retrasado hasta el lunes la declaración de Gil, para quien el fiscal solicita 34 años de prisión por malversación de fondos del consisterio marbellí al club de fútbol.

Los 17 letrados de los doce acusados, impecablemente coordinadas, lograron que el tribunal se pronunciase a favor de sus peticiones. Horacio Oliva, abogado del alcalde de Marbella, se opuso en nombre de Gil a que Vía Digital grabara el proceso para ofrecerlo en diferido, para salvaguardar "la serenidad" del juicio y la "intimidad" de acusados y testigos. El resto de los defensores mostraron también su rotunda oposición a la emisión de la vista. El tribunal aceptó esta solicitud sobre la marcha con el argumento añadido de que la retransmisión podría "contaminar" a los testigos. El segundo envite de las defensas se dirigió contra la aportación al sumario de 3.000 folios, con pruebas conseguidas en octubre de 1998, cuando se registraron simultáneamente las oficinas del Atlético de Madrid, el despacho del auditor del club y dependencias del Ayuntamiento de Marbella, unidos a expedientes de Hacienda y de la Liga de Fútbol Profesional.

Esta documentación formaba parte de la causa principal, que sigue instruyendo en Marbella el juez Santiago Torres. El fiscal había solicitado su incorporación a este caso que se juzga en la Audiencia de Málaga sobre el patrocinio irregular de clubes deportivos por el Ayuntamiento de Marbella. El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, arguyó que estas pruebas habían estado a disposición de las partes desde que se levantó el secreto del sumario en marzo de 1999. Ante la oposición de los defensores, finalmente, el propio fiscal renunció a las pruebas, que serán devueltas al juzgado de Marbella.

La defensa pidió nuevas pruebas testificales, periciales y documentales que el tribunal presidido por el magistrado José María Muñoz Caparrós aceptó, a pesar de oponerse la acusación.

Gil, para quien el fiscal pide además 121 años de inhabilitación y 2.000 millones de multa, fue víctima del sofocante calor con el que transcurrió la breve sesión de ayer. En uno de los recesos fue atendido en la enfermería de una bajada de tensión.