El Parlamento navarro analizará la supresión de peajes

Pese a la airada reacción del Gobierno de Navarra y de UPN, que han vuelto a calificar de "inviable" y "esperpéntica" la propuesta socialista, el Parlamento foral aprobó ayer tramitar la proposición de ley que pretende conseguir la gratuidad de las autopistas en esta comunidad, especialmente de la A-15.Todos los grupos parlamentarios, excepto el regionalista, votaron en la Mesa y Junta de Portavoces a favor de tramitar la propuesta del PSN, un breve texto de apenas tres artículos, el tercero de los cuales estipula que Navarra "explotará directamente las carreteras a su cargo, siendo la utilización gratuita para el usuario".

Al tiempo que el Legislativo decidía estudiar la iniciativa, el presidente foral, Miguel Sanz, calificaba de "inviable" un presupuesto que deba hacer frente al rescate de la autopista Tudela-Irurtzun y acusó a quienes lo defienden de "soñar despiertos". Alberto Catalán, portavoz de UPN en la Cámara, criticaba al tiempo con dureza la admisión a trámite de una iniciativa que, según reiteró, pondrá en riesgo la viabilidad de importantes proyectos de infraestructuras.

Pese a la dura oposición verbal de UPN, los partidos admitieron a trámite una proposición de ley que concede al Ejecutivo regionalista un mes para iniciar la negociación con el Estado y conseguir para Navarra la titularidad del 100% de las acciones de Audenasa, la empresa pública que gestiona la autopista hasta el año 2029 y de la que son cotitulares, al 50%, Navarra y el Estado español. Posteriormente, los socialistas quieren que, siguiendo las recomendaciones del informe técnico de la Cámara de Comptos, se proceda a la resolución de la concesión del servicio por la fórmula gratuita del mutuo acuerdo.

La proposición de ley plantea que, en el caso de que el Gobierno central no aceptase la cesión gratuita del 50% de Audenasa, se negocie en el plazo de seis meses el rescate del contrato. Éste costaría, según el precio de mercado señalado por la Cámara de Comptos en su informe, unos 30.000 millones de pesetas. Sin embargo, el Gobierno de UPN eleva la cifra al menos al doble.