Petición para ampliar la responsabilidad civil por el crimen de la Villa Olímpica

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que está personado en el caso del crimen de la Villa Olímpica como acusación particular, ha solicitado del juez que amplíe al Estado, a la Generalitat y a la discoteca en cuyos alrededores se produjo la muerte, la declaración de responsable civil subsidiario, que hasta ahora recae sobre el Ayuntamiento de Barcelona. La petición argumenta que estos organismos también tienen competencias sobre el orden público y los horarios de estos locales.

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña impuso al Ayuntamiento de Barcelona una fianza de 200 millones de pesetas como responsable civil subsidiario de la muerte de Carlos Javier Robledo, ocurrida el 1 de abril tras recibir una brutal paliza, al entender que el consistorio no había adoptado "las mínimas medidas de seguridad" para proteger la seguridad del Puerto Olímpico. Frente a esa acusación de dejación de funciones, el juez censuraba que el Ayuntamiento ejercía una "voracidad impositiva" contra esos locales que no iba acompañada de una protección pública de la zona.Contra esa resolución, notificada el pasado jueves a las partes, ha recurrido el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet al considerar que los mismos argumentos que explica el juez son aplicables al Estado, porque es al Cuerpo Nacional de Policía al que corresponde principalmente el mantenimiento del orden público y es también el organismo que cobra tributos a las discotecas. Del mismo modo, el recurso, redactado por el abogado Fermín Morales, explica que también debería declararse responsable civil subsidiario a la Generalitat porque tiene competencias sobre la ordenación del sector recogidas en una orden de 1 de julio de 1994 dictada por el Departamento de Gobernación.

Esa orden establece los horarios de los locales dedicados a los espectáculos públicos y en su artículo 9 atribuye competencias a las fuerzas de seguridad para efectuar inspecciones en los locales. Esas competencias, recuerda el recurso del Ayuntamiento de Santa Coloma, no se limitan a la policía municipal y, además, la orden de la Generalitat establece también que las infracciones observadas podrán ser sancionadas por la Administración autonómica, de acuerdo con una ley de 1990. Por todo ello, el recurso solicita del juez que confirme la fianza de 200 millones, pero que la haga extensiva a esas dos administraciones y a la discoteca Back Fire.

Carlos Javier Robledo, de 22 años, residía en Santa Coloma de Gramenet, motivo por el cual el consistorio decidió ejercer la acción popular movido por un "interés institucional" para reparar el daño causado a las familias de las víctimas por la agresión efectuada por 10 jóvenes.