Una noche en la Embajada española

El pasado mes de marzo, Karelia Deulofeu acudió a una oficina de inmigración en Cuba para obtener respuesta de su solicitud de salida definitiva de la isla. La respuesta fue no. Y cuatro días después, el 28 de marzo, Deulofeu y su hija, Gabriela, acudieron al consulado español en La Habana con el pretexto de hacer unos trámites ordinarios. Una vez dentro, Deulofeu planteó su verdadero objetivo: solicitar asilo político en vista de que las autoridades no le permitían abandonar la isla para reunirse con su marido. El asunto pasó a la Embajada por tratarse de un caso político. Le explicaron que la petición de asilo era improcedente, pues tanto ella como su hija eran españolas. Aun así, Karelia pidió quedarse en la misión diplomática hasta que pudiese salir de Cuba.

En un gesto poco habitual, el embajador, Eduardo Junco, accedió, y madre e hija pasaron esa noche en la cancillería. De haberse sabido entonces, el hecho podía haber provocado una nueva crisis diplomática entre España y Cuba como la de 1990, cuando 18 refugiados, nueve de ellos supuestos agentes de la seguridad infiltrados, pidieron asilo y pasaron varios meses en el recinto diplomático.

Desde aquel incidente la Embajada evita este tipo de situaciones "convenciendo" a los que tratan de refugiarse, casi siempre por las buenas, de que no lo hagan, pues el Gobierno cubano tiene por norma no permitir la salida del país a quien se haya asilado.

Karelia y su hija pasaron una noche en la Embajada y al día siguiente Junco puso fin a la situación. La familia de De la Fuente abandonó el recinto diplomático sin muchas ganas, pero con el compromiso de que España se interesaría por su caso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Algo que ya ha hecho la Embajada, aunque es sabido que este tipo de casos tiene difícil solución. Aunque tengan pasaporte español, para las autoridades de la isla, Karelia y su hija son cubanas y deben someterse a las normas, escritas y no escritas, que existen en su país. Una de las normas migratorias no escritas penaliza a los altos cargos que abandonaron ilegalmente el país retrasando, a veces por años, el reencuentro con sus familiares.