Celia Villalobos se declara "defensora a ultranza" de la sanidad pública

Las primeras declaraciones de la nueva ministra de Sanidad y Consumo, la hasta ahora alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, fueron un guiño a los sectores preocupados por el futuro de la sanidad pública bajo un Gobierno del PP con mayoría absoluta: no sólo se declaró "defensora a ultranza de la sanidad pública" en la toma de posesión como ministra, sino que declaró enfáticamente que hay que evitar que "la gente se vaya al sector privado huyendo del público por mala gestión". La tarea que le espera, sin embargo, no es fácil.

Consciente de que el suyo es un ministerio de gasto, en "pelea continua" con el de Economía, declaró que hará lo posible por mantener el sistema público mejorando la gestión y cuidando el gasto. La fama de tener un talante dialogante le valió un recibimiento suave en el sector. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública a la Organización de Consumidores y Usuarios, diversos organismos le concedieron ayer un margen de cortesía a la espera de conocer cuáles son sus primeros pasos en este ámbito de especial complejidad en el que es absolutamente neófita.Con una cartera que este año gestionará 4,4 billones de pesetas, el primer reto de Villalobos será político: decidir si va a completar o no durante esta legislatura las transferencias del Insalud a las comunidades que todavía no gestionan directamente la sanidad. El segundo, económico: cómo hacer frente al incremento constante de la demanda sanitaria con un presupuesto limitado y cómo repartilo entre las diferenes comunidades y servicios.

El gasto sanitario representa en España el 7,5% del PIB, está por debajo de la media europea y lejos del 9,6% que dedica Alemania o del 9,9% de Francia, pero las necesidades sanitarias crecen al mismo ritmo que los otros países porque la población envejece igual y la tecnología sanitaria es cada vez más cara.

Especialmente ardua será la tarea de contener el gasto farmacéutico, empeño en el que han fracasado todos sus antecesores pese a las medidas emprendidas. Para ello tendrá que aplicar de una vez el decreto de precios de referencia, imprescindible para que la tímida política de genéricos emprendida por Romay tenga alguna incidencia en el gasto. También tendrá que decidir si aplica o no la normativa sobre fundaciones sanitarias, a la que se opone la izquierda y amplios sectores sanitarios, o si busca otras fórmulas para agilizar la gestión de los centros públicos consensuadas con la oposición.

Otra asignatura pendiente desde hace varias legislaturas es la articulación de una nueva carrera profesional y la aplicación de mecanismos de corrijan los vicios del sistema funcionarial que rige la política de personal.