Villalobos retira del pleno el recorte de poderes al interventor y anuncia que lo hará en un decreto

La alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, defendió ayer que el recorte de competencias al interventor municipal - al que pretende retirar la responsabilidad sobre la gestión contable del Consistorio- es potestad suya, por lo que retiró del orden del día del pleno la propuesta del PP que perseguía este objetivo. Villalobos anunció que sacará adelante esta iniciativa a través de un decreto de alcaldía. Lejos de zanjar la polémica, recibió un aluvión de críticas de la oposición, que advirtió de que podría incurrir en prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas).

Celia Villalobos decidió ayer asumir personalmente el coste político de una decisión que está dispuesta a adoptar frente a informes jurídicos contrarios del propio interventor, del secretario municipal y del área jurídica de la Corporación. Además, lo hizo de una forma sorpresiva y dejando incluso en mal lugar a su concejal responsable de Hacienda, Francisco Aguilar, al que interrumpió de forma tajante en el pleno cuando éste intentaba zafarse del chaparrón que le caía desde las filas de la oposición. Villalobos cortó la alocución de Aguilar, tras casi una hora de debate, y anunció que el asunto se retiraba del orden del día y saldría adelante por un decreto de la alcaldía.

Justificación

Villalobos justificó el hecho en que el propio informe redactado por el secretario municipal alertaba de que una decisión de estas características no era competencia del pleno sino de la alcaldesa como "jefa suprema de personal", al tratarse de una modificación del organigrama que no afectaba a la plantilla ni al presupuesto.

La alcaldesa acababa de escuchar reproches de Izquierda Unida y del PSOE, que la acusaron de intentar "poner el pleno como garante de una manifiesta ilegalidad". Villalobos, posteriormente, interpetó que al tratarse de un decreto no son precisos los informes de intervención y del secretario, en un intento de eludir el contratiempo de que estos son contrarios a la decisión que pretende adoptar. Por lo tanto, el asunto saldrá probablemente adelante pese a los dictámenes negativos.

La argucia, sin embargo, no resuelve el problema de fondo, a juicio de la oposición, que insiste en que se trata de "un asalto a la legalidad" y una decisión que "rompe las reglas democráticas de división de poderes". Rafael Rodríguez, portavoz de IU, llegó a cuestionar a Villalobos: "¿Qué esconden, a qué le tienen miedo?, porque están ustedes llevando al Ayuntamiento a unos términos que vamos a tener que llevarnos nosotros las manos a la cartera".

Tanto Rodríguez como Francisco Oliva, portavoz del PSOE, consideraron además que la decisión de Villalobos supuso una clara desautorización para el edil de Hacienda, al que conminaron a dimitir "por propia dignidad política".

El presidente del Colegio Nacional de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, Jesús González, anunció ayer que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una vez conozca el contenido del decreto de la alcaldesa. González, que indicó que la medida era ilegal, no descartó la vía penal, al entender que Villalobos puede incurrir en un delito de prevaricación, por lo que avanzó que el decreto será remitido a la Fiscalía General del Estado.

Petición de dimisión

Además del asunto del interventor, Villalobos y su equipo de gobierno tuvieron que lidiar también con una petición de los socialistas exigiendo el cese de Manuel Ramos, el concejal del PP cuyo sueldo está embargado por varios juzgados, en uno de ellos por el impago de deudas municipales. Una polémica que va camino de los tribunales, ya que Ramos se reiteró ayer en que está ultimando una querella contra el portavoz del PSOE por difamación, mientras que Oliva anunciaba que la semana que viene los socialistas pondrán el asunto en manos de un juzgado, ya que sostienen que el edil popular, en su etapa de director del área de Bienestar Social, pudo incurrir en un delito al ocultar un oficio de un juzgado comunicando al Consistorio un embargo de su sueldo.

Ramos, que decidió dar explicaciones en el pleno, se lamentó diciendo que era "muy duro" para él ofrecer explicaciones de sus actuaciones privadas y apeló a su "honorabilidad ante las acusaciones inquisitoriales" que está sufriendo del portavoz del PSOE. Villalobos salió en defensa de su concejal y reiteró su convencimiento de que se trataba de un asunto privado.