Justificantes

Para justificar un pago con fondos públicos que el interventor municipal consideró irregular, el alcalde de Dolores, del PP, encargó un informe a un letrado ajeno al Consistorio, que naturalmente avala su actuación. Para justificar una tasación de suelo público escandalosamente a la baja, el PSPV de Elche encargó un informe a una firma ajena al Consistorio, que considera ajustado la valoración, como cabía esperar.Es la moda, que se impone y nos imponen. No importan siglas, credos o ideologías. Los cargos públicos que detentan poder han encontrado un filón inagotable, consistente en echar mano de profesionales liberales ajenos a las instituciones públicas para conceder apariencia de normalidad a lo que no la tiene.

El primero de los casos está ya en manos de los jueces. El segundo se abortó cuando el escándalo se hizo público. Eso demuestra que la democracia tiene resortes suficientes para que las mayorías absolutas no se confundan con gobiernos absolutistas, aunque esos resortes casi nunca se activen de oficio.

Pero sería injusto comparar así, a pelo, porque es verdad que algún matiz les diferencia. En Dolores, el informe externo se pagó con fondos públicos, mientras en Elche lo asumió el partido.

Y eso nos conduce al tema estrella de la semana: el destino que se da al dinero de los contribuyentes. Que un alcalde contrate a un profesional para rebatir las tesis de un funcionario puede resultar reprobable, pero la verdad no es patrimonio de nadie y contrastar pareceres siempre es enriquecedor.

Pero que las arcas públicas asuman los gastos de un alcalde en un club de alterne es harina de otro costal. No se trata de averiguar el objeto de consumo, que tanto da una botella del mejor whisky que una jartá de almejas o agua mineral para todos. Tampoco se centra el debate en la cuantía del gasto. La cuestión es que, pese a la madurez democrática de la que hablaba, ejemplos como éste invitan a exigir límites legales al manejo de fondos públicos, ya que los éticos fallan a menudo.