Los abogados de Valencia contradicen a su colegio y suprimen una fuente de ingresos en apretada votación

Los abogados de Valencia decidieron ayer, en la tercera asamblea convocada al respecto, suprimir una de las tradicionales fuentes de financiación de su colegio, los Derechos de Intervención Profesional (DIP), conocidos popularmente como bastanteos. La determinación se tomó en una apretada votación (222 sufragios a favor, 216 en contra y ocho en blanco) en la que también se tomó otra iniciativa: crear una comisión que estudie fórmulas de financiación alternativas a la que desaparecerá próximamente. La decisión de la asamblea, convocada a petición de 600 colegiados que solicitaban la supresión de los bastanteos, sanciona la desaparición de una fuente de ingresos soportada, de manera especial, por los especialistas en la jurisdicción civil que más litigan. La actual junta de gobierno era partidaria de mantener el actual sistema, básico, entendía, por suponer más de un 20% de los ingresos anuales de la institución y ser uno de los pilares de la ayuda social que se presta.

La asamblea no respaldó esa postura. Antes, el debate había comenzado casi entre bostezos para acabar con encendidos alegatos a favor o en contra de los bastanteos. Antonio de Miguel, el letrado que ha abanderado la lucha contra los DIP, abrió el fuego con un somero análisis de su postura: el pago de este derecho es ilegal e injusto, porque puede vulnerar varias leyes y únicamente grava a una parte del colectivo.

La intervención de De Miguel fue contestada por varios de sus colegas, que pedían solidaridad mientras velaban por las finanzas del colegio. Mientras, los detractores de los DIP insistieron en la injusticia de un sistema cuya sustitución, prometieron, no va en contra del fondo de ayuda social.