El Gobierno se dispone a renovar la representación y los objetivos del Patrimonio Comunal Olivarero

El Gobierno ha abierto un plazo de tres meses, hasta finales de marzo, para modificar la representatividad agraria en el Patrimonio Comunal Olivarero (PCO) como paso previo para abordar también un ajuste en sus fines. Los representantes del sector en el PCO fueron designados en el año 1982 y desde entonces solamente se han cubierto algunas vacantes por algún fallecimiento. En principio, las previsiones del Gobierno en aquellas fechas era que la renovación se produjera cada cuatro años.

El Patrimonio Comunal Olivarero es una corporación de derecho público, propiedad de los olivareros, cuyos orígenes se remontan a los años cuarenta. Actualmente, aunque los dueños de su patrimonio son los olivareros, el Ministerio de Agricultura ejerce funciones de tutela con capacidad para rechazar cualquier acuerdo de su consejo rector.

El Patrimonio Olivarero tiene en propiedad almacenes con capacidad para algo más de 400.000 toneladas. A este gran potencial a la hora de regular un mercado, el PCO añade, según fuentes del sector, unos 3.000 millones de pesetas en activos financieros.

La propuesta para la renovación de la representatividad del Patrimonio Comunal Olivarero deben hacerla, en principio, sus actuales representantes, por lo que no se ve fácil que ellos mismos vayan a hacer una propuesta que suponga su salida de este consejo. Se considera que los miembros que decidan el destino del PCO en el futuro tienen que ser representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas.

Con vistas al futuro, se considera que los objetivos del PCO deben seguir concretándose en cualquier tipo de actuación que suponga un apoyo para el buen funcionamiento del mercado del aceite.

Esta amplitud de objetivos supondría la posibilidad para el PCO de operar tanto en la organización de la producción para mejorar los procesos de comercialización como en acciones de promoción, o, como sucedió en los años precedentes, en la financiación al sector para el desarrollo de algunas movilizaciones en defensa de una buena organización común del mercado (OCM) para España.