Mariscal no abordó la reforma de la Justicia penal ni de la fiscalía

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia, no cumplió los compromisos más importantes con los ciudadanos del programa electoral del PP: no promovió una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni abordó una "redefinición más estricta de las competencias de la Audiencia Nacional", ni remodeló la Policía Judicial, ni reformó el Estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar "la autonomía de la Fiscalía General".En cambio, logró la aprobación de 38 iniciativas legislativas -con la discutida Ley de Enjuiciamiento Civil a la cabeza-, pero sin suprimir el atasco de los tribunales ni atajar "la desertización judicial", denunciada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Delgado.

Mariscal de Gante propuso como fiscal general a Juan Ortiz Úrculo, presidente de la asociación mayoritaria y conservadora, que intentó nombrar fiscal jefe de la Audiencia Nacional al ultraconsevador Luis Poyatos, que al fin renunció. La ministra elevó también a la cúpula de la fiscalía a Jesús Cardenal, un numerario del Opus Dei con antecedentes antidemocráticos, que afrontó la oposición unánime del Consejo Fiscal para proponer a Eduardo Fungairiño -uno de los caudillos de los fiscales indomables-, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

El orden de prioridades de Justicia quedó de manifiesto cuando se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular el viaje de ida y vuelta de los jueces a la política, mientras se incumplió el compromiso electoral del PP de "reformar el sistema de responsabilidad de los jueces y magistrados, que amplíe los supuestos de indemnización a los particulares".

Entre las leyes aprobadas, destaca la Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, para cuya entrada en vigor, en 2001, será precisa una ingente dotación de medios, y la Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, complementada con la creación de 154 órganos judiciales unipersonales de esta jurisdicción.

La inversión en obras, para nuevos edificios o mejoras, ha sido de 21.073 millones de pesetas durante la legislatura, incluyendo lo presupuestado para 2000. En todo caso, el presupuesto de Justicia no superó ningún año el 1% del total de gastos del Estado.