Straw pide a Pinochet que no se escude en legalismos

El ministro del Interior de Reino Unido, Jack Straw, solicitó ayer públicamente a la defensa del general Augusto Pinochet que "reconsidere" su oposición a dar a España y a todas las partes del procedimiento judicial el informe médico sobre su estado de salud y que "no se escuden" en la formalidad legal de que "sólo Pinochet puede dar permiso para dar a conocer el citado dictamen". Straw dijo en un programa de televisión que "comparte la frustración no solo de los países que han solicitado la extradición de Pinochet, sino de las organizaciones humanitarias que desearían conocer el informe médico".Straw señaló que prefiere que los países que pidieron la extradición (España, Suiza, Francia y Bélgica) y las organizaciones de derechos humanos puedan ver el informe médico y "juzgar por sí mismos, en lugar de tener que creer mi palabra sobre el mismo". El ministro señaló que este aspecto legal deberá ser estudiado.

El ministro del Interior británico examinará con cuidado las alegaciones de todas las partes antes de adoptar su decisión definitiva de liberar al general Augusto Pinochet en los próximos días (el plazo de alegaciones vence mañana por la tarde) porque su fallo "está sujeto a la revisión de los tribunales" de justicia británicos. Aunque un recurso de revisión judicial no paralizará la liberación de Pinochet, las autoridades de Reino Unido no desean exponerse a un fallo negativo.

Sin razones humanitarias

Straw ha actuado y actuará esta semana en su doble función: la de ministro del Interior y la casi judicial. Como tal, ha atendido lo que él mismo llama el estado de salud de Pinochet. Straw no habla de razones humanitarias. Según explicó, existe una diferencia entre "razones humanitarias" y "razones de incapacidad para someterse a juicio".

"Tengo que tener en cuenta todas las alegaciones que pueda recibir. En una decisión de este tipo, estoy sujeto a la revisión de los tribunales y no puedo anticipar lo que va a ocurrir", ha explicado Straw. Precisamente por ello tiene interés la alegación de España, por una parte, y la decisión sobre si se presentará recurso o no, por la otra. El Gobierno de José María Aznar tendrá que entregar las alegaciones elevadas por el juez Garzón sencillamente porque la "condición" de que las alegaciones presenten "hechos nuevos" está cumplida de antemano: todo es nuevo porque la decisión de Straw es un "hecho nuevo".