Contradicciones

Las enmiendas introducidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de mayor transparencia las retribuciones extraordinarias de consejeros y directivos mediante opciones sobre acciones son un paso importante para mejorar la información de los accionistas de las empresas, en la línea de lo que pedían los inversores después de conocerse los sobresueldos -unos 40.000 millones de pesetas- que se embolsarán 100 directivos de Telefónica, incluido su presidente, Juan Villalonga. Las enmiendas exigen que, antes de percibir las plusvalías de estas acciones reservadas, la empresa entregue en la CNMV un folleto explicando de forma individualizada y detallada las acciones y liquidaciones de los administradores-ejecutivos y que los planes de retribución con acciones, incluidos los que estén en vigor antes del 1 de enero del año 2000, sean aprobados por la junta general de accionistas. Ambos requisitos son aciertos indiscutibles. Beneficiarán a los accionistas y contribuirán a que el mercado esté informado sobre el destino de volúmenes importantes de acciones que pueden influir sobre la cotización.Cabe deducir de tales enmiendas que el programa de stock options de Telefónica deberá ser aprobado por los accionistas en una junta general; que los accionistas recibirán una información individualizada de las acciones de cada consejero beneficiado con este extra salarial y el factor multiplicador de las acciones; y que se ha terminado la práctica de entregar información parcial o confusa en las juntas de accionistas para colar cantidades desmedidas en forma de pagos extrasalariales. Además, se corregirá la opacidad de las retribuciones extraordinarias de Telefónica planeadas por Villalonga y su equipo en el momento de la privatización, que tanto malestar y escándalo han causado en la sociedad española.

Pero este Gobierno y el partido que lo respalda parecen responder a impulsos contradictorios, próximos a la esquizofrenia. El ánimo de transparencia mostrado en las stock options -seguramente favorecido por el riesgo de pérdida de votos que puede suponer el enriquecimiento escandaloso de los directivos de una empresa cuyos ingresos dependen de decisiones del Gobierno- queda desmentido por otra enmienda en la Ley de Acompañamiento, la que limita el ejercicio de derechos políticos a las empresas públicas que quieran comprar acciones de empresas energéticas españolas. Es un ejercicio de rancio intervencionismo incompatible con los tratados de la Unión, que consagran la libertad de movimiento de capitales y tratan de formar un mercado único que supere las barreras nacionales; también es una decisión incompatible con el sentido común. ¿Por qué se ha de limitar la entrada de empresas públicas o semipúblicas en el sector energético y no en el de telefonía o en el de la siderurgia? Tal disposición es tan antipedagógica como, por ejemplo, la áspera intervención del Gobierno portugués para evitar el acuerdo del BSCH con Champalimaud. Éste no es el camino para construir el mercado europeo; más bien es el que habría que seguir para abortarlo.