PNV, EA y EH piden al Parlamento coordinación en materia de pensiones

Los grupos parlamentarios de PNV, EA y EH han solicitado al Parlamento vasco que impulse las modificaciones legales necesarias para garantizar la coordinación de las políticas en materia de prestaciones asistenciales. Los tres partidos nacionalistas han presentado una enmienda a la totalidad a la proposición no de ley formulada por IU-EA referente al aumento de las pensiones no contributivas en Álava y Vizcaya en la misma medida anunciada por la Diputación de Guipúzcoa. Pretenden que quienes cumplen los requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), conocido como el salario social, tengan asegurada esta percepción para cubrir sus necesidades básicas mediante esta renta, así como las derivadas de un proceso de inserción social. Fue la Diputación de Guipúzcoa la que abrió este debate en el País Vasco cuando incluyó en su proyecto de Presupuestos una consignación económica suplementaria de 827 millones de pesetas (4,9 millones de euros) para igualar todas las prestaciones sociales a 46.633 pesetas mensuales, tanto las ayudas asistenciales como las pensiones no contributivas.

Por su parte, la consejería de Trabajo del Gobierno vasco ha propuesto a las tres diputaciones la creación de una nueva ayuda asistencial que complete la pensión de las personas mayores de 65 años, que están percibiendo 37.000 pesetas mensuales. El deseo del Ejecutivo vasco es que todos los jubilados reciban, mediante un complemento, al menos 46.000 pesetas al mes, una cantidad similar al salario social, puesto que hasta ahora los ancianos que cumplían los 65 años y comenzaban a cobrar la pensión no contributiva su poder adquisitivo disminuía.

Actualmente sólo los beneficiarios de las pensiones por invalidad y la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) o el Fondo de Bienestar Social igualaban sus ingresos mensuales a las 46.000 pesetas estipuladas por estas prestaciones. El Gobierno quiere crear una figura única, llamada pensión asistencial, para equiparar las cuantías de todas las pensiones y que no pueda ser recurrida por el Gobierno de Madrid.