Más de dos tercios de los menores víctimas de malos tratos domésticos son niñas, según una vocal del CGPJ

Las leyes no son la solución para los malos tratos ejercidos sobre mujeres o niños. Esther Giménez-Salinas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que participó ayer en un seminario sobre violencia contra menores organizado en la Academia de la Ertzaintza en Arkaute, fue contundente al relativizar el valor de la Justicia "frente a un fenómeno del que conocemos sólo un 10%, al estar ceñido al ámbito del hogar". La representante del gobierno de los jueces resaltó que un 70% de los menores víctimas de malos tratos y agresiones sexuales son niñas y que la edad en la que el problema cobra mayor dimensión son los once años. Giménez-Salinas vincula los malos tratos contra mujeres con los que se ejercen contra los hijos y entiende que en muchas ocasiones "existe complicidad de la madre" al silenciar los hechos. "Conocemos sólo la punta del iceberg, y a pesar de que cada vez hay menos violencia, hay que decir que se ha incrementado el número de denuncias", subrayó. La privacidad del hogar -el 40% de los agresores pertenece a la familia o son personas próximas- ofrece un marco de "impunidad" que dificulta la detección de estos casos.

"Las leyes han avanzado mucho en los últimos años, pero no son la varita mágica y hace falta una colaboración entre los diferentes agentes sociales para avanzar en el tema", indicó. "Debe hacerse una labor preventiva que no sólo se consigue con la legislación sino con una labor de denuncia de los casos que se conozcan por parte de todos los ciudadanos". Para ilustrar sus planteamientos recordó que hasta el año 1983 el Código Penal protegía a los padres si se excedían en el maltrato a los hijos, situación que se ha modificado en los últimos años.

A pesar de la dificultad que entraña ofrecer un perfil del agresor, ya que "desde una perspectiva psicopatológica son padres de familia normales", la jurista catalana resaltó que el 50% de los mismos está casado, no cuentan en su mayoría con antecedentes penales y la edad más frecuente de los mismos se encuentra entre los 30 y los 50 años.

El viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, coincidió en señalar la gravedad del problema y las negativas consecuencias psicológicas que provoca a los menores afectados "que en muchas ocasiones terminan siendo delincuentes más adelante". En la presentación del seminario, dirigido a miembros de la Ertzaintza, el responsable de Interior alertó sobre el peligro de una "victimización secundaria" en la que pueden caer los menores afectados derivada de su posterior situación y de las consecuencias de una ruptura familiar.