El Gobierno quiere completar con ayudas asistenciales la pensión de los jubilados que no lleguen a 46.000 pesetas

El Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social ha propuesto a las tres diputaciones crear una nueva ayuda asistencial que complete la pensión de las personas mayores de 65 años que sólo perciben 37.000 pesetas al mes. La intención de la consejería de Sabin Intxaurraga es que todos los jubilados que ahora cobran una pensión no contributiva (que no han cotizado a la Seguridad Social) reciban al menos 46.000 pesetas mensuales, es decir, el salario social que las instituciones vascas entregan a las personas con menos recursos económicos. De esta forma, completarían la pensión con una prestación de 9.000 pesetas.El Gobierno se ha reunido ya con representantes de las tres diputaciones (cuyos departamentos de Bienestar Social tramitan las ayudas) para unificar criterios, después de que Guipúzcoa anunciara en solitario a finales del mes pasado su intención de subir un 23% las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación con complementos.

La medida de la Diputación guipuzcoana se sumaba a la iniciativa adoptada meses atrás por Andalucía y Cataluña, que levantó una encendida polémica con el Gobierno central, que tiene la competencia sobre este tipo de prestaciones. La controversia llevó al Ejecutivo a elevar la cuantía de las pensiones mínimas hasta las 37.000 pesetas al mes y catorce pagas anuales, pero dejó claro su rechazo a que las comunidades establezcan complementos con cargo a sus presupuestos.

Hasta ahora, en Euskadi cuando un perceptor del salario social cumplía los 65 años dejaba de recibirlo y pasaba a cobrar su pensión no contributiva, con lo que su poder adquisitivo disminuía. Tan sólo los que tenían una pensión de invalidez y los que cobraban a cargo de la Ley de Integración Social de Minusválidos o del Fondo de Bienestar Social veían complementados sus escasos ingresos hasta las 46.000 pesetas. La intención del Gobierno es generalizar a todos los jubilados una ayuda que podría figurar como pensión asistencial, un campo donde la competencia sí es de las comunidades y, por lo tanto, no hay riesgo de que sea recurrida por Madrid.