El Gobierno regional negocia con las ETT la supresión del artículo de la ley de presupuestos que las prohíbe

El Gobierno autónomo y la Asociación Española de Empresas de Trabajo Temporal (AEETT) acordaron ayer iniciar el jueves 18 una ronda de negociaciones para establecer un pacto de calidad de trabajo, que la patronal suscribirá a cambio de la anulación de la disposición adicional quinta del proyecto de ley de presupuestos regionales, que prohíbe a los organismos de la Administración autónoma contratar personal a través de empresas de trabajo temporal. La Federación Española de Empresas de Trabajo Temporal (FEDETT), ausente de la reunión en la que se alcanzó dicho acuerdo, aseguró que recurrirá la ley si finalmente resulta aprobada por el Parlamento de Madrid.

El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, recibió ayer al secretario general de la AEETT, Ricardo Rodríguez Castañón, tras el malestar manifestado por los empresarios respecto de la iniciativa de la Comunidad. Concluida la reunión, el representante del Ejecutivo regional sostuvo: "No contratar personal de las ETT depende del Pacto de Estabilidad firmado con los sindicatos. Lo único que se puede modificar es que esta obligación se convierta en ley. Y eso es lo que piden".

Rodríguez Castañón se declaró "optimista" sobre la posibilidad de "acordar el marco de calidad para las prestaciones del sector en Madrid, porque del diálogo surge que las condiciones deseadas son las mismas: buena fe, ética profesional y adhesión a la normativa vigente. El pacto está supeditado a la caducidad de la disposición que veta la contratación de personal a través de nuestras empresas en la Administración autónoma". Sin embargo, las palabras de Blázquez aclararon que "el compromiso de no contratar trabajadores mediante los servicios de ETT es firme".

El secretario general de la FEDETT, Antonio de la Fuente, no pudo participar en el encuentro porque recibió la invitación una hora antes. "Pediremos otra entrevista con el director general de Trabajo, Javier Vallejo. También hemos dirigido un escrito al presidente José María Aznar para manifestarle nuestra preocupación. El Gobierno central reconoció la bondad de la actividad hace tres meses", dijo De la Fuente, y agregó: "El proyecto del Ejecutivo regional es antijurídico. Agotaremos todas las instancias posibles de negociación previas. Y si la prohibición se convierte en ley, evidentemente iremos a los tribunales". Para De la Fuente, el veto es, además, "contradictorio", porque el mismo organismo que autorizó la actividad, hoy la acota.