UGT denuncia a Educación por ocultar datos y por arbitrariedad en los conciertos

Los servicios jurídicos de UGT han presentado una batería de recursos y denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la fiscalía contra los polémicos conciertos aprobados por la Consejería de Educación en la orden publicada el 27 de agosto, en la que el Consell se compromete a financiar el profesorado y los gastos de funcionamiento de una decena de colegios de élite y vinculados al Opus Dei, después de haberse cerrado el plazo de matrícula; lo que ha permitido seguir cobrando las elevadas tasas de escolarización, que ingresan a través de diversos conceptos, en vez de garantizar la gratuidad y la transparencia en la selección del alumnado a que les obliga el decreto de Admisión de Alumnos. Con todo, la demanda de mayor calado político es el recurso por considerar que en el proceso se han violado "los derechos fundamentales". El portavoz de la federación de enseñanza FETE-UGT, Gonzalo Castillo, precisó ayer que se trata de una demanda contra Educación por "ocultación de datos" y "discrecionalidad en la otorgación y denegación de conciertos".

Esta vía busca la reapertura de la comisión de conciertos, a la que Educación dio capetazo por escrito el pasado jueves, a través de una circular de los servicios territoriales, donde se rechaza la solicitud de convocatoria de la comisión (de la que forman parte tanto UGT como el STEPV) para poder revisar caso por caso cada uno de los últimos conciertos. La petición fue cursada por FETE-UGT el 1 de octubre en vista de las múltiples irregularidades que han aparecido tras detectarse el fraude tributario del colegio María de Icíar y conocerse que varios centros concertados, entre los que se encuentran el Villa Fátima de Burriana (de donde es oriundo el consejero Manuel Tarancón) y el centro de estudios tutelado por la ex concejal de UV María Dolores García Broch, no pasaron por la comisión. Asimismo, también se ha detectado, precisó, que centros recién concertados como el Guadalaviar, están cobrando a los padres de alumnos mensualidades de 18.000 pesetas como ingresos para la fundación del centro.

La tercera demanda es, precismamente, contra los centros vinculados al Opus Dei, que segregan al alumnado por sexos.