Blair y Aznar proponen crear una "orden europea de detención" que evite los procesos de extradición
España y el Reino Unido acuden a la cumbre europea que se reúne en Tampere, Finlandia, el próximo fin de semana, con una radical propuesta judicial que evitará en el futuro los largos procesos de extradición. La iniciativa gira en torno a la creación de una "orden europea de detención" que obligaría a cada socio de la Unión Europea a entregar al país reclamante al presunto criminal sin pasar por los juzgados nacionales. Los jefes de Gobierno Jose María Aznar y Tony Blair respaldan la iniciativa en una carta conjunta que han enviado al Gobierno finlandés en su calidad de actual presidente europeo. La "orden europea de detención" se aplicaría en el futuro a casos de graves crímenes, como el tráfico de drogas, la pornografía infantil o el terrorismo. "Partimos de la base de que las democracias europeas han alcanzado su madurez y que todos respetamos la Convención Europea de Derechos Humanos. Ha llegado la hora de respetar las decisiones de los jueces de otros países europeos", explicó ayer una portavoz del Ministerio británico del Interior.
Esa medida reforzaría el acuerdo de Schengen, al que el Reino Unido no se ha adherido aún y sí España. La iniciativa fue tratada, al parecer, por el ministro británico del Interior, Jack Straw, durante su visita a Madrid el pasado 23 de septiembre.
Una orden europea de detención hubiera acelerado el polémico caso Pinochet. Desde su emisión, la policía británica se hubiera visto obligada a entregar a las autoridades españolas al general chileno, acusado de presuntos crímenes de tortura y conspiración a la tortura, sin aguardar la decisión de la justicia británica. La potestad del ministro del Interior, en este caso del británico Jack Straw, de dar luz verde o, por el contrario, bloquear la petición de extradición del Gobierno español quedaría igualmente anulada. Augusto Pinochet hubiera sido enviado a España una vez que el juez Garzón emitiera la orden europea de detención.
La radical iniciativa forma parte de la estrategia de España y el Reino Unido por bloquear propuestas enfocadas a la creación de un código penal unificado para toda la Unión Europea. "El crimen organizado no debe aprovecharse de las actuales diferencias en los códigos penales de cada país y escapar así a la justicia", advierte la portavoz británica.
En cualquier caso, la iniciativa deberá recorrer una largo camino, ya que obligaría a una revisión de la legislación británica, en un país muy celoso de la salvaguardia de la soberanía judicial en el Reino Unido.
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